jueves. 28.03.2024

CSIF reclama a la Junta de Andalucía que mejore las condiciones laborales de los agentes de medio ambiente y de los celadores forestales y que dote a estos últimos de herramientas legales de las que carecen a pesar de que desarrollan gran parte de las funciones que los primeros en la protección de los espacios protegidos de la comunidad.

El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF en Córdoba denuncia que el Gobierno autonómico “se olvida otro año más de los 73 trabajadores –de los que se componen ambos colectivos en la provincia-- que cuidan del medio natural y que se exponen a riesgos constantes”, a pesar de lo cual “son ninguneados e ignorados cada vez que intentan mejorar sus condiciones y se desprecia su labor durante todo el año, en especial en la época de incendios forestales”.

“La protección del medio ambiente deja mucho que desear por la escasez de medios y la falta de personal legítimamente acreditado”, afirma el sindicato, que pone como ejemplo “la insignificante remuneración” que reciben agentes y celadores después de “largas guardias” o que carecen de vehículos que garanticen su seguridad porque la mayoría de la flota sobrepasa con creces los años y el kilometraje aprobado por los técnicos de riesgos laborales.

En el caso de los agentes de medio ambiente, estos acuden a los incendios como directores técnicos de extinción, dirigen y organizan a los grupos contra el fuego y asumen “toda la responsabilidad” bajo el paraguas del Plan INFOCA, al que pertenecen. CSIF resalta que “llegan los primeros y se van los últimos”, de ahí que exija para ellos una remuneración ajustada a su “amplia responsabilidad”.  También reseña que suelen ejercer sus tareas de uno en uno, a pesar de que la normativa los obliga a ir por parejas para así cubrir posibles eventualidades.

Los agentes de medio ambiente son funcionarios, tienen la consideración de agente de la autoridad y poseen el carácter de policía judicial genérica porque persiguen e investigan delitos ambientales o el envenenamiento de la fauna. Por su parte, los celadores forestales son personal laboral y no gozan de ninguna cobertura jurídica a pesar de que desarrollan funciones idénticas a las de los agentes y comparten coordinadores y vehículos, aunque “por ley no están legitimados para ello”, según afirma la central sindical.

De acuerdo con su convenio colectivo, los celadores forestales ejercen misiones de policía y custodia de las riquezas naturales y pueden comunicar una posible infracción o proponer la apertura de un expediente sancionador. Los celadores reclaman que se resuelva la indefensión que sufren al no tener la condición de agente de la autoridad, ni siquiera la de auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dicte por fin una Orden que “acabe definitivamente con el vacío legal” en que se encuentran.

Exigen que se mejoren las condiciones laborales de los agentes de medio ambiente y...