CSIF Córdoba ha remitido escritos a los ayuntamientos y gerencias de entidades locales de Córdoba en los que reclama que, de inmediato, se constituyan los comités de seguridad y salud en los centros de trabajo, especialmente para garantizar la protección de los empleados municipales ante la paulatina incorporación presencial al trabajo.
Esta reclamación se produce después de que la central sindical haya detectado que en buena parte de los ayuntamientos y entidades locales andaluces no ha sido constituido este órgano, como exige la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligatoriedad de conformar este órgano en los centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores.
El Sector de Administración Local de CSIF Córdoba subraya que no dudará en adoptar las medidas necesarias en caso de no subsanarse esta situación irregular. De hecho, la central sindical ya ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a ayuntamientos andaluces como es el caso de los de Sevilla capital, Utrera, Jerez de la Frontera o Barbate, por incumplimiento en la prevención de riesgos laborales.
Los empleados municipales de servicios esenciales, como seguridad, emergencias, limpieza y recogida de residuos, no han interrumpido su actividad presencial, mientras que el personal de oficina, que ha permanecido en teletrabajo, se prevé que se incorpore gradualmente a los centros. CSIF Córdoba subraya que especialmente para los ayuntamientos de municipios pequeños será más complicado hacer frente a una vuelta escalonada, por lo que deben extremarse las medidas de protección.
En concreto, CSIF Córdoba busca que se convoquen, en aquéllas corporaciones locales donde sea preceptivo, los comités de seguridad y salud para, entre otros asuntos, actualizar las evaluaciones de riesgo de todos los puestos de trabajo de la plantilla, definir las medidas de protección necesarias en cada uno de los puestos, así como implantar nuevos procedimientos de actuación que permitan salvaguardar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras municipales.
Igualmente, el Sector de Administración Local de CSIF-Córdoba reclama que se convoque, en los casos en los que corresponda las mesas generales de negociación de empleados y empleadas públicos para proceder a la negociación de los nuevos sistemas de trabajo y de las modificaciones que se están introduciendo en los mismos.
Esfuerzo mutuo para la realización de test
Por otra parte, CSIF Córdoba ha reiterado su petición a la Junta de Andalucía para que, de forma inmediata, se tomen todas las medidas necesarias para que todos los ayuntamientos de Córdoba puedan realizar los necesarios test de detección del SARS CoV-2 a sus plantillas de Policía Local, en equivalencia al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en aras de preservar y garantizar la seguridad, tanto de los componentes de esas plantillas como del resto del personal municipal y de la ciudadanía con la que están en permanente contacto durante sus servicios.
El responsable del sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Enrique Luque, ha destacado que los test que comienzan hoy a realizarse en Córdoba capital y que se extenderán en los próximos días al resto de municipios cordobeses son fruto del “esfuerzo tanto de los representantes de los trabajadores como de los dirigentes municipales tras muchos días de negociaciones en diferentes encuentros, con el objetivo puesto en que las pruebas lleguen a toda la plantilla y con todas las garantías de seguridad y eficacia”. Luque ha adelantado que los policías locales y los bomberos serán los primeros que se someterán a los test, seguidos de personal de proximidad a personas de riesgo hasta finalizar con todos los trabajadores. Luque ha manifestado su satisfacción porque a cada trabajador se le realizaran dobles pruebas, es decir, test PCR y test serológicos.
“Es urgente dotar de material de protección necesario y realizar las pruebas a estos profesionales”, ha demandado el responsable del Sector de Administración Local de CSIF-Córdoba, quien ha recordado que la Junta de Andalucía es competente, como autoridad sanitaria en nuestra provincia, del suministro de material de protección a la propia administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio.
