El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha comunicado la decisión de prescindir de los 1.500 interinos que se contrataron a nivel nacional –un total de 21 en la provincia de Córdoba- para reforzar el organismo ante la avalancha de expedientes generados por la pandemia de la Covid-19. En concreto, un total de 1.000 efectivos cesarán entre el pasado 30 de junio y el 30 de septiembre y los últimos 500 terminarán su relación contractual el 31 de diciembre.
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su rechazo a esta decisión que supone “prescindir de cerca del 20 % de la actual plantilla, lo que pondrá en serio riesgo la viabilidad ante la carga de trabajo que se tendrá que repartir sobre sus espaldas, un 300% más de lo que suele ser habitual”. Asimismo, el Sector de Administración General del Estado (AGE) de CSIF Córdoba resalta que esta medida provocará que las demoras sobre los tiempos de reconocimiento de derechos económicos de la población desempleada serán inevitables. Además, el cese de los primeros 500 efectivos se ha producido el día anterior a que se inicie el periodo vacacional de buena parte de la plantilla, con lo que la gestión de las prestaciones en un significativo número de unidades puede verse comprometida.
Según informan en un comunicado , "a lo largo de las últimas semanas, CSIF se ha dirigido de manera reiterada al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para mostrar su profunda preocupación por la continuidad de los interinos en el SEPE, no habiendo recibido respuesta a ninguno de los requerimientos por parte de su directora general".
En este sentido, el sindicato censura además la inacción y la falta de responsabilidad de la propia ministra de Trabajo y Economía Social, ya que la situación por la que atraviesa el SEPE es tremendamente compleja y delicada debido a que la carencia de recursos humanos en este organismo público es alarmante.
Por todo ello, CSIF plantea "la convocatoria de una oferta de empleo pública extraordinaria y específica para paliar el déficit estructural del SEPE a nivel nacional, ya que en los últimos diez años se han perdido cerca de 3.400 efectivos por las políticas de recortes. Urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por la COVID y la más que probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales".
