Administraciones públicas, representantes de entidades sociales de Córdoba relacionadas con la inmigración, junto a organizaciones empresariales y sindicales, se han reunido hoy en el Foro Provincial de la Inmigración para coordinar la atención a las personas migradas en la provincia y los problemas sociales del colectivo. El foro ha acordado reactivar las comisiones de trabajo de Vivienda y Sensibilización e Información, que se quedaron pendientes ante la parálisis provocada por el COVID-19.
La población extranjera en la provincia va en aumento y asciende a 31.712 personas, de las que casi la mitad procede de Rumanía, seguido a mucha distancia de Marruecos como país de origen.
La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Purificación Joyera, ha destacado la importancia de este foro como “instrumento para relacionarnos todas las instituciones y entidades que trabajamos con este colectivo y sacar conclusiones que ayuden a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias a diseñar políticas que mejoren la atención a la población inmigrante”,
Durante la reunión, se han analizado los informes de la comisión de trabajo sobre Formación Sociolaboral, que sí pudo realizarlos antes de la pandemia, integrada por responsables de programas dirigidos a facilitar la capacitación profesional e inserción en el mercado de trabajo de los inmigrantes en una provincia con 3.026 extranjeros en paro, según los últimos datos publicados correspondientes a mayo.
La delegada ha destacado el proyecto Karibu de Córdoba Acoge, financiado con 5.400 euros por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, dirigido a jóvenes extutelados de 18 a 21 años. El programa ofrece a éstos orientación laboral, formación ocupacional, acompañamiento y seguimiento durante las prácticas en empresas con las que se trabaja para que ofrezcan oportunidades de integración a estos jóvenes.
Al Foro ha asistido también la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Lourdes Arroyo, y el delegado territorial de Empleo y Economía, Ángel Herrador. Precisamente, la Formación Profesional para el Empleo contempla a las personas con la condición de refugiadas o asiladas, mediante resolución provisional o definitiva, como uno de los colectivos prioritarios para la selección de alumnos de estos cursos.
