lunes 30/11/20

Córdoba reclama poder justificar los proyectos de los Edusi hasta el año 2024

Parque de la Asomadilla de Córdoba. / Foto: http://www.mpt.gob.es/
Parque de la Asomadilla de Córdoba. / Foto: http://www.mpt.gob.es/

El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al Gobierno central que se le otorgue una prórroga de doce meses más para poder ejecutar los 18 millones de euros de inversiones del plan Edusi, una estrategia de desarrollo urbano financiada por los fondos europeos Feder. 

En principio, el Consistorio tenía como periodo hasta diciembre de 2022 para la ejecución material de todos los proyectos y tres meses más, ya en 2023, para la justificicación administrativa de todo lo realizado. Ahora, el Consistorio podría acabar las obras en 2023 y justificarlas en marzo de 2024.

Blanca Torrent, explicó, que se "trata de una estrategia de futuro para no tener problemas que pudieran ocasionar pérdida de fondos por haberlos presentado o realizado fuera del periodo. La Unión Europea dejó de tener paciencia hace años con las instituciones españolas en lo que a plazos se refiere. La normativa ya es mucho más estricta con el objetivo de que se puedan ejecutar en los tiempos a los que se alcanza el compromiso"

Una de las lecciones para los fondos europeos antiCovid que vienen es que gastar dinero resulta tremendamente dificultoso. El Consistorio lleva años de gestión del plan Edusi y solo ha podido licitar una cuarta parte.

La estrategia Edusi se fundamenta en una triple autorización de proyectos:

- En primer lugar, tienen que aparecer en un convenio inicial.

- En segunda instancia, han de ser validados por el Gobierno sobre una documentación que presentan los municipios correspondientes.

- La tercera es la propia autorización interna que tiene el Ayuntamiento antes de proceder a contratar los proyectos.

El problema añadido del Covid ha supuesto un retraso objetivo. Todas las instituciones públicas de España tuvieron que cerrar sus procedimientos de contratación durante los meses del primer estado de alarma por una disposición que pretendía evitar que los expedientes abiertos acabaran prescribiendo por la inactividad generada al mandar a los funcionarios a su casa.

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