Las protestas se vienen sucediendo ya en distintos puntos de España desde que comenzara el verano. En Valladolid, a finales de junio frente a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) por las continuas subidas de los precios del gasóleo B que sigue batiendo todos los récords históricos; en Mérida, el pasado 21 de julio, ante la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura por la falta de respuestas a la sequía que ha provocado restricciones de riegos y por tanto de siembras y las últimas en Granada, Córdoba y Jaén donde se han llevado a cabo tractoradas en capitales y municipios, ante “la situación ruinosa” que afecta a todos los sectores productivos.
Las perspectivas para la siguiente campaña de siembra son de todo punto pesimistas. Con una inflación disparada, la economía en retroceso, la grave crisis energética que amenaza con racionamiento, un endurecimiento de las condiciones financieras y nuevos incrementos de los factores de producción (incluidos los salariales con una nueva subida del SMI) que no se pueden trasladar a las producciones que salen al mercado, los agricultores y ganaderos, dudan seriamente si podrán acometer una nueva campaña de siembra que les traerá más gastos extraordinarios.
La sequía ha mermado prácticamente todas las producciones y por tanto las cuentas de resultados de las explotaciones se van a resentir, aún más si cabe, en ésta difícil campaña. Mientras tanto el Gobierno sigue ignorando al sector primario. Ni los fondos europeos de recuperación llegan directamente a los productores; ni se acometen las obras hidráulicas necesarias para evitar situaciones como la que vivimos; ni la Ley de la Cadena está dando los resultados esperados y tampoco se ponen en marcha medidas económicas y fiscales que permitan a los agricultores y ganaderos reflotar sus economías.
Perece ser que este Gobierno olvida la labor esencial que el sector primario desempeña proporcionando alimentos de primera necesidad a la sociedad. Si esta tarea se interrumpe, o no llegan las producciones en las cantidades necesarias al mercado, se estará poniendo en riesgo no solo el futuro del sector agrario, si no también nuestra soberanía alimentaria.
