Una delegación de Asaja Córdoba, encabezada por su presidente y secretario general, Fernando Adell y Rafael Navas, respectivamente, participaron hoy en la concentración celebrada en la puerta del Ministerio de Agricultura, en Madrid, para denunciar la crítica situación que atraviesa el cultivo de cereal en España y exigir al Gobierno medidas inmediatas.
La concentración, que ha reunido a cientos de agricultores, ha servido para trasladar públicamente las reivindicaciones conjuntas de las tres organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, tras meses de crisis de rentabilidad agravada por los altos costes de producción, el hundimiento de los precios y la competencia desleal de importaciones masivas.
Durante el acto, los responsables de ASAJA, COAG y UPA han recordado las tres principales demandas que el sector plantea al ministerio:
- Ayuda directa a los agricultores por el sobrecoste de los fertilizantes, que en muchos casos ha duplicado el gasto de los productores en las últimas campañas.
- Supresión inmediata de los aranceles a la importación de fertilizantes, que encarecen artificialmente los costes para el campo español mientras otros sectores quedan exentos.
- Control real de las importaciones de cereales, dando prioridad a la producción nacional frente a la entrada masiva de cereal de países terceros sin los mismos controles ni estándares.
Las tres organizaciones han advertido que, si no se adoptan soluciones en breve, las movilizaciones continuarán y se extenderán al conjunto de los territorios productores, además de a Bruselas, sede de las instituciones europeas.
“Sin cerealistas no hay cereal español. Y sin cereal nacional, la cesta de la compra dependerá de terceros países y de los mercados especulativos, lo que no solo encarecerá los precios para los consumidores, sino que además pondrá en riesgo los estándares de calidad y seguridad alimentaria que hoy garantiza la producción nacional”, han recordado los convocantes.
La protesta de hoy refleja el profundo malestar de un sector que, a pesar de las buenas cifras de producción previstas este año (unos 19,5 millones de toneladas), ve cómo su trabajo queda arruinado por decisiones políticas nacionales y comunitarias que asfixian la rentabilidad de las explotaciones.
