martes. 19.03.2024

Este proyecto surge en respuesta a la realidad de las poblaciones indígenas de altura que habitan las comunidades campesinas por encima de los 3800 m.s.n.m, que, como una constante en sus vidas, se han visto relegadas al margen de las políticas públicas de vivienda dada su condición como minoría, su ubicación geográfica distante a las ciudades, la alta dispersión en las viviendas y su agreste topografía. Estas comunidades viven en condiciones de precariedad, con ambientes insuficientes, insalubres y oscuros en las viviendas, con presencia de humos tóxicos, animales menores y basura, en especial en las cocinas, y con inadecuadas prácticas de higiene y limpieza por parte de los integrantes de la familia, debiendo lidiar además con una baja producción agropecuaria, que limita el acceso a una alimentación suficiente y saludable. Esta situación de vida da como resultado que esta población sea más vulnerable frente a eventos extremos, como la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, que visibilizó las deficiencias de los sistemas relacionados con la salud pública, la alimentación, las carencias en el acceso al agua segura y otros servicios públicos, que afecta en especial a esta población pobre de las comunidades rurales altoandinas.

Durante el proceso de diseño, el equipo formulador del proyecto conformado por personal técnico del Centro Guaman Poma de Ayala, contraparte local ejecutora del proyecto, y de la Fundación Social Universal, ONGD responsable de su gestión, identificó como problema central la vulneración de derechos de mujeres y hombres para acceder a una vivienda digna y una alimentación saludable focalizado en las comunidades indígenas del distrito de Oropesa, en la región andina de Cusco, incrementando más aun su vulnerabilidad en especial en un contexto de crisis alimentaria, cambio climático y de pandemia provocada por la propagación del COVID-19, en la que la insalubridad de las viviendas, la baja producción agropecuaria y los limitados mecanismos para la implementación de políticas públicas en la agricultura familiar y vivienda saludable, suman en contra de las familias cuyas economías de subsistencia se han visto afectadas, disminuyendo significativamente su capacidad de resiliencia.

Frente a esta problemática, el proyecto considera como objetivo específico “promover el ejercicio del derecho a una vivienda digna y alimentación saludable en un contexto de crisis alimentaria y pandemia COVD-19 en las comunidades indígenas del distrito de Oropesa, en Cusco”, para cuya consecución se han definido 3 componentes o resultados.

En primer lugar, la implementación de acciones de mejora de la vivienda rural indígena en 7 comunidades indígenas del distrito de Oropesa, beneficiando a 20 familias, y enfocándose en proveer adecuadas condiciones a las viviendas, asegurando un entorno saludable en beneficio de la familia, en especial de la niñez y la población vulnerable, que se ha visto más expuesta por esta pandemia. Las obras de reforma permitirán mejorar sustancialmente las precarias cocinas existentes, dotándolas de fogones mejorados, iluminación cenital, mobiliario básico y un punto de agua para asegurar una adecuada higiene en la manipulación de los alimentos. De manera complementaria las viviendas accederán a agua caliente con la colocación de calentadores solares de agua, motivando a la familia a mejorar sus hábitos de higiene. Asimismo, las cocinas dejarán de ser espacios compartidos con animales menores que serán trasladados a galpones fuera de la vivienda para mantener estos espacios libres de vectores.

Un segundo componente buscará incrementar la producción y productividad de alimentos diversificados para mejorar la dieta familiar a través de invernaderos para la producción de hortalizas y galpones para la crianza de animales menores que les proveerán de alimentos locales ricos en nutrientes. Además, se promoverá la recuperación de prácticas ancestrales para la conservación de suelos y la transformación de alimentos que faciliten la provisión de una canasta básica de alimentos a las 60 familias beneficiarias, cuyos escasos recursos imposibilita que accedan con facilidad a alimentos de calidad, más aun dada la crisis alimentaria sobrevenida por COVID-19.

Por último, el proyecto promoverá un trabajo articulado entre las entidades del Estado y las organizaciones sociales en la implementación de estrategias conjuntas para el ejercicio del derecho a viviendas dignas y alimentación saludable. La población se capacitará e incidirá ante las instancias estatales, demandando acciones y estrategias que les permitan acceder a viviendas que no pongan en riesgo su salud, así como el acceso a alimentos producidos en sus unidades familiares para paliar la crisis alimentaria agudizada en la actualidad.

20 familias peruanas se beneficiarán del proyecto de vivienda y alimentación en las...