Este viernes entra en vigor la reforma de las leyes civiles y procesales que, hasta ahora, permitían la incapacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por este motivo, se han organizado distintos actos en varias ciudades españolas para festejar esta conquista y reclamar a las administraciones públicas "garantías" para que la reforma sea efectiva.
Aprobada el pasado mes de mayo, esta supone el fin de las incapacitaciones judiciales y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados que ayuden a la persona a tomar sus decisiones de forma autónoma.
Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión España celebraron la relevancia que este cambio legislativo va a representar en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en especial en lo que atañe al Código Civil.
Aplaudieron el cambio de paradigma que aporta esta reforma legislativa, pero recalcaron la necesidad de dotar de los mecanismos y las herramientas necesarios para garantizar la efectividad de este modelo de provisión de apoyos y garantía de derechos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En este sentido, hicieron hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y reivindicaron la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo, para que se pueda garantizar la determinación de los apoyos y su provisión.
Por este motivo, Plena inclusión y la AEFT y su red de entidades saldrán a la calle este viernes en diferentes puntos de España para hacer públicas estas reivindicaciones y celebrar este paso adelante por el derecho a decidir de las personas con discapacidad.
