La cifra del número de contratos que va a hacer la Junta de Andalucía como apoyo durante este complejo curso que empieza el 10 de septiembre baila entre los 4.000 y los 6.000, la duración de los contratos parece fijada hasta finales de este año. La consejería de Educación que dirige Javier Imbroda (Cs) no ha ocultado que este tipo de contrato no solo permite un ahorro de dinero, sino que también permite que se ahorre el pago de los periodos vacacionales.
El principal problema, según explican fuentes de CCOO, está en la "disponibilidad presupuestaria”, que es la losa que persigue este proceso de contratación extraordinario, que en la Junta aspiran a cubrir con su parte de los 1.600 millones de euros que el Gobierno central destinará a las comunidades para paliar el impacto del covid en el sistema educativo. Son 300 millones que están por llegar y que explican por qué se está apurando tanto, a pesar de que el Gobierno Andaluz llegó a asegurar que contrataría a estos refuerzos en agosto.
Aquel anuncio fue acogido con suspicacia por la comunidad educativa. Semanas después, muchos centros reconocen que no saben cuántos profesores les corresponden ni cuándo se incorporarán la mayoría. La ventaja de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas es que cuenta con una amplia bolsa ordinaria de interinos que ha evitado tener que convocar un concurso. Eso significa que los interinos recibirán la llamada de la Junta con un destino, como se hace habitualmente a través del sistema informático SIPRI de la consejería.
La desventaja es que los docentes afortunados tendrán que aceptar dos tipos de contrato. El primero será de septiembre al 31 de diciembre (previa modificación del Presupuesto de 2020, que debe aprobar un Consejo de Gobierno); el segundo, la prórroga, que podrá durar hasta el 31 de junio de 2021.
