La Mesa del Tercer Sector, expresión de la sociedad civil e interlocutora válida ante las instituciones, representa a todos los sectores del ámbito social afectados por esta pandemia, y en este sentido reitera su predisposición a colaborar con la Administración, a pesar de las dificultades que genera esta crisis, para identificar las necesidades más acuciantes de la ciudadanía y encontrar fórmulas viables que las satisfagan.
Así, en la comisión de seguimiento semanal creada en el seno de la Mesa de Diálogo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con la Mesa del Tercer Sector, se están trasladando las necesidades sociales y sanitarias que se detectan en toda Andalucía.
La Mesa valora positivamente las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de abril en especial el adelanto de 51,7 millones del Fondo Social para combatir el Covid-19 en los sectores más vulnerables, de los que cinco servirán para ampliar los supuestos recogidos en la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y 4,6 a reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y a la adquisición de equipos de protección.
Sin embargo, en cuanto a la adquisición de EPIS, las entidades sociales ven aún insuficiente elementos, como guantes, batas, calzas y pantallas, fundamentales para que su personal pueda realizar el trabajo de atención en condiciones de seguridad. Por ello, la Mesa hace un llamamiento a todas las Administraciones para hacer un esfuerzo, mayor aún si cabe, para que estos medios de prevención y protección lleguen cuanto antes y en mayor número a las distintas organizaciones.
Por último, la Mesa advierte que debemos redoblar esfuerzos para que nadie quede atrás; para que quienes ya venían sufriendo exclusión social no vivan desprotegidos ahora frente a la pandemia; para que se garantice la ayuda alimentaria a la población; para que se garantice el acceso a Internet y el material informático básico a los niños en una crisis que está produciendo una brecha social y digital muy importante en un curso difícil de seguir en las familias más vulnerables. La intervención en todos ellos debe ser urgente y prioritaria para la Administración y elevar el horizonte de acción junto a las entidades sociales a dos años vista por cuestión de salud pública y de derechos humanos.
