El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha afirmado este miércoles que, ante el “gran número de recursos (87)” presentados contra el proyecto planta fotovoltaica que se pretende instalar junto a la aldea de Morente, en Bujalance (Córdoba), su Consejería ha acordado la “suspensión cautelar” de la autorización previa de dicha planta, denominada Guadalquivir 4, “basada en los principios de prudencia y seguridad jurídica”.
Así lo ha destacado Paradela, en respuesta a las preguntas que le ha planteado en la Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, quien ha defendido la necesidad de las plantas solares, pero aclarando que hay que hacerlo “de acuerdo con el territorio, con los habitantes de los pueblos” afectados y “hacerlo también de manera respetuosa con la agricultura”, que, igualmente, “es una actividad muy importante”.
Gómez ha pedido a Paradela que detalle “a qué ha venido la paralización de este proyecto” y si, “además, va a afectar también a otro, como es el Guadalquivir 1”, algo que entiende que es “una buena noticia”, dado que “la gente de la zona no lo ve y no lo comparte”, y “suficientemente abandonada se siente ya la gente del mundo rural como para tener que imponer este tipo de megaproyectos, de los que no se sienten parte, cuando es en contra de su voluntad”.
Ante ello, el consejero de Industria, Energía y Minas ha recordado la normativa de aplicación y ha señalado que en el caso de “la autorización previa del proyecto Guadalquivir 4, de 33 mega watios de potencia, ha sido suspendida cautelarmente hasta resolver un gran número de recursos planteados, en los que destaca”, además, “la diversidad de las alegaciones formuladas, es decir, son muchos y tocan aspectos muy distintos”, en contra de la declaración de utilidad pública del proyecto y la consiguiente “expropiación de determinadas parcelas”.
La cuestión, según ha indicado Paradela, es que “nos encontramos con un volumen de recursos muy amplio, con argumentos muy variados y con intereses muy distintos”, y para estudiarlos y darles respuesta, la Junta ha acordado entre tanto la citada “suspensión cautelar, basada en los principios de prudencia y de seguridad jurídica, y ajustada a nuestro ordenamiento”.
Ello, según ha reseñado el consejero, “permitirá analizar a fondo estos recursos y hacerlo con todas las garantías, evitando así llevar a cabo actuaciones que puedan resultar irreversibles”, teniendo en cuenta que contra el proyecto Guadalquivir 4 se han presentado 87 recursos de “particulares, asociaciones, ayuntamientos y comunidades de regantes, aunque no todos tengan la condición de interesados”.
Esto contrasta, según ha argumentado Paradela, con la situación de otros proyectos de plantas fotovoltaicas cercanas, en concreto las de Guadame Solar 1, 2, 3 y 4, en el término municipal de El Carpio (Córdoba), pero en este caso “se ha desestimado la suspensión planteada porque la situación es radicalmente diferente a la de Guadalquivir 4”, ya que “en este supuesto existe un acuerdo entre el promotor del proyecto y todos los propietarios afectados, y aparece un único recurrente, que es el Ayuntamiento”.
En consecuencia, según ha subrayado el consejero de Industria, Energía y Minas, “no nos hemos visto una situación parecida a la de Guadalquivir 4, donde hay 87 recursos de actores muy distintos y con argumentos muy distintos”, igualmente, a los que ahora la Junta dará respuesta.
Guadalquivir 1
Se da la circunstancia de que, este mismo miércoles, la Plataforma Stop Megaplantas Alto Guadalquivir, que se opone a la instalación de las mismas en dicha comarca cordobesa, ha recibido “la notificación de la Junta de Andalucía de la suspensión temporal del procedimiento de la planta solar Guadalquivir 1, hasta que se resuelvan los 99 recursos presentados” contra este otro proyecto.
Ello, según ha informado la referida plataforma en una nota, “es una buena noticia”, si bien tienen claro que “la batalla no está ganada”, ya que la notificación de la Junta les informa “de la suspensión temporal del procedimiento hasta que se decida si se continúa con la instalación de la planta Guadalquivir 1, ocupando cientos de hectáreas de tierra fértil de cultivo tras expropiar la tierra a sus propietarios para beneficio de empresas privadas”.
Por eso, según ha argumentado la plataforma, “hay que seguir trabajando todos juntos para evitar la instalación de megaplantas solares fotovoltaicas que acabarán con nuestros pueblos, nuestra forma de vida y provocarán un daño irreversible a las generaciones venideras”.
