Actualización Última Hora Lunes 15.00 horas. Los padres del niño y el dueño de la finca habrían llegado a un acuerdo por el que la familia del menor será indemnizada.
David Serrano, su defensa y la acusación particular han cerrado un pacto al que, a primera hora de este lunes, el Ministerio Fiscal ya ha dado su visto bueno. Ahora todo queda a expensas de ratificarlo ante el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga que, a priori, tan sólo tendría que dictar una sentencia de conformidad. Se hará en menos de 24 horas.
El acuerdo consiste en que el propietario de la finca se declara culpable de un delito de homicidio imprudente, acepta una condena de un año de cárcel y acuerda el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil
Para alcanzar ese acuerdo con la acusación particular, que ejercen los padres del niño fallecido, David Serrano ha abonado 25.000 euros de manera inmediata y se compromete a saldar el resto de la cuantía en pagos mensuales de 50 euros, ya que se encuentra desempleado y se declaró insolvente.
Este lunes, las partes han trasladado su pacto al fiscal, que lo ha aceptado. En principio, el último paso que queda por dar es un mero trámite. El juez, una vez se lo trasladen este martes, tendría que corroborarlo y dictar sentencia de conformidad.
La materialización del pacto supondrá la suspensión de la pena de cárcel para David Serrano, quien no cuenta con antecedentes penales. Pese a todo, queda condicionada al pago íntegro de la indemnización por la responsabilidad civil.
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CBN. El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga tiene previsto juzgar desde el 21 de enero al dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió Julen, el pequeño de poco más de dos años que fue rescatado sin vida 13 días después de caer en dicha prospección hace ahora un año.
La vista continuará toda la semana y se ha fijado también los días 28 y 30 de este mes. El propietario de la parcela, David Serrano, será juzgado por un delito de homicidio por imprudencia grave por el que le acusa la Fiscalía, que solicita que se le imponga una pena de tres años de prisión; y la acusación particular, en representación de los padres del niño, que pide tres años y medio de cárcel.
Unas 50 personas están citadas a declarar como testigos o peritos; entre ellas los padres del pequeños, José y Victoria; la pareja del acusado; el hombre que realizó el pozo; así como responsables y miembros del operativo de rescate del pequeño, como son guardias civiles y mineros de Asturias --que declararán por vídeoconferencia desde allí--; además de médicos forenses.
Así, la primera sesión del juicio incluye las cuestiones previas de las partes, la declaración del acusado y la de seis testigos, entre ellos los padres del pequeño. El resto de los días declararán las demás personas citadas y se ha reservado los días 28 y 30 para las conclusiones e informes finales del mininisterio fiscal y de los abogados.
Asimismo, son 80 los profesionales de la información --periodistas, fotógrafos, operadores de cámara y técnicos de radio-- de 34 medios de comunicación los que están acreditados para cubrir la vista oral, en la que se analizará todo lo ocurrido el 13 de enero de 2019 y las condiciones en las que estaba el pozo y la finca de la zona del Dolmen del Cerro de la Corona donde ocurrieron los hechos.
El fiscal, en su escrito de acusación provisional, incide en que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección e insiste en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo ya que "apenas se veía".
La acusación de los padres también achacó al acusado una "negligencia" que es "extremadamente grave" y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto "la gravedad de la acción del acusado" como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen "multitud de infracciones normativas".
Por su parte, la defensa del acusado señala que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces al padre del pequeño de la existencia de pozos.
