La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda elaborará un decreto ley que habilitará a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen "la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano", ha asegurado la consejera Marifrán Carazo, que ha subrayado que el Gobierno andaluz, que ya ha abierto el diálogo con el sector, "no quiere que el taxi sufra con esta decisión y que, como hasta hora, se tomarán las decisiones con el máximo consenso posible".
"Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley", ha indicado la consejera tras subrayar que se reforzará la inspección, duplicando las actuaciones.
El Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de VTC, siendo la principal la supresión de los servicios urbanos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha. Dado que la pandemia por el Covid-19 paralizó este servicio y para compensar las pérdidas sufridas, el Gobierno andaluz solicitó al Ministerio prolongar este periodo transitorio o moratoria, pero esta medida ha sido rechazada por el Gobierno central pese a que también fue solicitada por otras comunidades.
Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia ya regularon los servicios de los vehículos con licencia de VTC, generalmente exigiendo un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC, existiendo resoluciones judiciales contradictorias en toda España. No obstante, la Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias del sector con recomendaciones para revisar y adecuar la normativa a las directrices y libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, entre ellas, se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base.
Medidas en Andalucía
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ya aprobó la pasada legislatura medidas para la modernización del sector del taxi recogidas en la modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado o la recogida de viajeros en municipios diferentes, entre otras. Todo ello fruto de un intenso proceso de negociación con el sector, que en anteriores legislaturas no había sido escuchado por el Gobierno andaluz.
De hecho, en aquella negociación la Consejería que dirige Marifrán Carazo entregó al sector un borrador de propuestas para la ordenación y modernización del sector con un estudio pormenorizado (500 páginas) de la situación actual y con medidas para la convivencia de taxis y VTC de manera ordenada. Así, muchas de las medidas que ahora se negocian para la regulación de los VTC fueron ya planteadas.
El sector del Taxi y la Consejería llegaron al consenso en un 80 por ciento de las medidas planteadas (muchas de ellas históricas reivindicaciones del taxi) y posteriormente se llevaron a cabo actuaciones como la firma de convenios con ayuntamientos para la formación en materia de inspección o el aumento de estas labores de vigilancia. Por ello, se han realizado 1.797 inspecciones a VTC y 674 a taxis en el periodo comprendido entre 2019 y 2022.
Incluso, para mejorar la movilidad en zonas de menos cobertura del transporte público se impulsó el Programa Andalucía Rural Conectada (de transporte a la demanda) para ofrecer servicio de taxi a los municipios del ámbito rural. En concreto, 46 rutas para 69 municipios, lo que supone un incremento de 31 rutas en aproximadamente dos años.
Las tres comunidades con mayor número de licencias de VTC son Madrid (8.266), Andalucía (3.256), Cataluña (2.580) y Comunidad Valencia (681). Andalucía concentra el 19 por ciento de las autorizaciones de VTC que existen en España y la proporción es de un VTC por cada 2,7 taxis, puesto que están registrados 8.782 taxis.
