La Junta de Andalucía ha vuelto a rechazar lo que considera un "mercadeo" por parte del Gobierno central con los menores migrantes no acompañados, además de criticar el reparto desigual entre comunidades y las concesiones realizadas a Cataluña. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado su preocupación por la gestión del Ejecutivo central en esta materia, asegurando que la falta de información dificulta la planificación y atención adecuada a estas personas.
En este sentido, la consejera ha puesto en duda la transparencia del Gobierno, denunciando que Andalucía no ha recibido información clara sobre el número real de plazas de acogida disponibles en la comunidad. Según López, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó el 15 de enero que había 4.927 plazas de emergencia para migrantes adultos en Andalucía, con un 91,3% de ocupación. Sin embargo, apenas un mes después, el ministerio corrigió la cifra y reveló que la comunidad cuenta con 13.069 plazas, con un 86,54% de ocupación, lo que supone 11.309 personas alojadas.
Para la Junta, esta contradicción pone de manifiesto la opacidad del Gobierno, que "ha ocultado" la existencia de más de 8.000 plazas en territorio andaluz. Además, la consejera ha señalado que, a pesar de haber solicitado información sobre la distribución de migrantes en el resto de comunidades, la respuesta del ministerio fue negativa. "Nos han negado datos fundamentales, impidiendo conocer la realidad en otras regiones como Cataluña", ha asegurado.
Respecto a la gestión de menores no acompañados, la Junta ha mostrado su desacuerdo con el reparto establecido en el decreto de reforma de la Ley de Extranjería. Según los criterios de la norma, Andalucía debería hacerse cargo de 795 menores, mientras que Cataluña solo recibiría menos de 30. A esto se suman 614 menores que han llegado a la comunidad andaluza con documentación de adultos, de los cuales el Gobierno central no se hace responsable, según López.
Otro punto de conflicto es la financiación que reciben las comunidades para la atención de estos niños. La Junta ha calificado de "insuficiente" la cantidad destinada por el ministerio, recordando que los gobiernos autonómicos asumen los gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Como ejemplo, López ha indicado que Andalucía recibió solo 1,6 millones de euros en 2024 para la atención de una treintena de menores, mientras que desde el PSOE se ha hablado de cifras mucho más elevadas que, según la consejera, "no son reales".
Según los datos presentados en la comparecencia, en 2023 llegaron a España 63.970 migrantes, un 12,5% más que el año anterior. Solo en Canarias desembarcaron 46.432 personas en 693 cayucos, lo que representa un aumento del 17,4%. Para López, esta situación no es temporal, sino estructural, y se repetirá en los próximos años. En su opinión, el Gobierno central "carece de una política migratoria clara" y su única estrategia se limita a trasladar personas de una comunidad a otra sin una planificación efectiva.
