La Junta de Andalucía planea que desde este jueves se guarde la distancia social requerida por la pandemia mundial de COVID-19 en la que estamos inmersos en las plazas de toros. En concreto, la necesaria distancia que se debe mantener es la de un metro y medio entre las personas. Ese metro y medio debe ser obligatorio entre el público que asista a las plazas de toros porque lo que se busca con estas medidas es evitar que los contagios por COVID-19 se incrementen.
Esta noticia de que desde el jueves se controlará que en las plazas de toros exista la distancia social correspondiente entre el público la ha anunciado Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, además de portavoz del gobierno de Andalucía que ha dado una entrevista a la cadena de radio Onda Cero y que, a su vez, la ha recogido Europa Press.
La decisión que se ha tomado en el gobierno andaluz viene a colación de la polémica que surgió hace unos días por la corrida de toros de la Real Plaza de El Puerto de Santa María en Cádiz en la que se pudieron ver instantáneas que demostraban que allí el público no mantuvo ningún tipo de distancia social. De hecho, continúa abierta una investigación por el incumplimiento de las medidas de seguridad.
El consejero señala que las "restricciones" que existen provocadas por la COVID-19 igualmente "han llegado a los toros, como a todos los sectores" y que en el ámbito taurino se han establecido un límite de aforo que se enmarca en el 50% de la máxima capacidad de la plaza.
Asismismo, ha dejado claro que la comunidad andaluza trabaja con una autoevaluación que se realiza cada dos semanas y que controla, así como valora, la situación que hay con respecto a la COVID-19. Según los resultados que se obtengan de esa revisión, se modifican las medidas de seguridad o no. El 13 de agosto será cuando se vuelva a realizar la nueva autoevaluación que se lleva a cabo de la mano de un comité de personas expertas que se encargan de asesorar al gobierno andaluz.
Bendodo insiste en que hay que tomarse en serio las medidas de seguridad que se establecen para mantener toda la situación bajo control. A colación de esto, el consejero, ha declarado que respecto a la polémica de la semana pasada continúa la investigación abierta porque existen "informaciones contradictorias" y que lo que debemos hacer es esperar a que se presenten todos los papeles correspondientes. También que debemos esperar a ver cuál es el resultado antes de afirmar o no que se incumplieron las normas y de tomar medidas.
Además, ha señalado que la comunidad establece multas que varían entre los 100.000 y los 600.000 euros por infracciones contra la salud pública y que se están aplicando a todo el que incumple las normas porque hay que velar por la seguridad de toda la sociedad.
