Las discrepancias en el seno del Gobierno andaluz respecto a la movilidad entre provincias -Ciudadanos a favor de autorizarla desde el lunes; PP llamando a la prudencia y a no anticiparse- ha generado tal desconcierto que incluso el aliado externo, Vox, ha preguntado qué va a pasar al presidente de la Junta durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. Pero Juan Manuel Moreno no ha resuelto el dilema, recoge eldiario.es
El presidente de la Junta se queja de su "incapacidad para organizar y liderar la fase 3 de la desescalada" en Andalucía, que previsiblemente empezará este lunes, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no le ha aclarado qué competencias tendrá la Junta sobre el control de la crisis sanitaria cuando el Ministerio de Sanidad delegue en las comunidades la gestión de la última prórroga del estado de alarma. "No tengo ningún papel, ninguna comunicación escrita o verbal del Gobierno que nos aclare cuáles serán nuestras competencias. Así cómo vamos a planificar la fase 3", se ha lamentado Moreno.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá este viernes de forma telemática con el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, para comunicarle si Andalucía pasa entera a la fase 3, o si Málaga y Granada -que llevan una semana de retraso respecto al resto- deben esperar otros siete días. La Junta esgrime datos "sanitarios y científicos" para que avance todo el territorio junto en la desescalada. Si es así, a partir del lunes el presidente andaluz recuperará todos los poderes que tenía antes de que se decretase el estado de alarma. El Gobierno sólo mantiene las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos dentro y fuera de su comunidad.
La Junta podrá solicitar permiso al Ministerio de Sanidad para autorizar la circulación entre provincias -algo que ya contempla el equipo de Moreno- y también el progreso a la llamada nueva normalidad, es decir, que los andaluces puedan salir de su comunidad para viajar a regiones que se encuentren en la misma fase de la desescalada, y al contrario (que ciudadanos de fuera visiten Andalucía, un paso fundamental para la reactivación del turismo).
Moreno no ha revelado en el Parlamento si su Gobierno quiere activar la circulación entre provincias el lunes -como anunció el vicepresidente Juan Marín- o esperar unos días por "prudencia", como corrigió el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. De momento, se queja de no saber cuáles serán sus competencias en la fase 3, sin embargo, la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, le ha recordado que sus competencias están claramente definidas en el documento de la prórroga del estado de alarma, aprobada en el Congreso de los Diputados el miércoles pasado y publicado de inmediato en el BOE.
El punto siete de ese documento dice así: "La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada". Y añade: "Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad".
Susana Díaz le ha leído este párrafo al presidente andaluz, pero éste ha insistido en que el presidente Pedro Sánchez explicó a los líderes autonómicos que la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas le haría llegar una lista con las atribuciones que tendrían para gestionar la última prórroga del estado de alarma. "Se me dice que voy a tener el mando y no tengo ningún escrito", lamenta Moreno. Posteriormente, en conversación con los periodistas, el presidente ha explicado que quiere saber si podrá "mandar a la Policía y a la Guardia Civil" para, por ejemplo, controlar y limitar los accesos a las playas si hay un exceso de riesgo, o confinar un distrito sanitario ante un posible rebrote de contagios.
En realidad, un presidente autonómico no tiene, ni ahora ni antes, competencias para "mandar" a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que dependen del Ministerio de Interior. En la fase 3, Moreno podrá coordinar la desescalada, pero seguirá contando con los otros actores del Centro de Coordinación (Cecor), del que forma parte la Delegación del Gobierno en Andalucía (responsable de los agentes de seguridad), y representantes de las Fuerzas Armadas, de la UME, de la Abogacía del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Susana Díaz ha recordado que, al final de su mandato, se produjo un enorme incendio cerca de la carretera que va al Parque Nacional de Doñana que afectó a las viviendas de Mazagón y Matalascañas. El Gobierno central y la Junta actuaron de forma coordinada, cerrando la carretera y ordenando a la gente a permanecer en sus domicilios hasta que el fuego estuviese controlado. La situación en cuanto a gestión de emergencias sería la misma para la coordinación de la fase 3 de la desescalada, dice Díaz.
Todo este debate viene precedido de un cierto caos dentro del Ejecutivo andaluz. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, anunció a principios de semana que autorizarían la movilidad entre provincias el próximo lunes 8 de junio, en cuanto supieran que Andalucía había pasado a fase 3 y asumido la gestión del estado de alarma. Acto seguido, el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, corrigió a su compañero, hizo un llamamiento a la "prudencia" y aseguró que no iban a "anticiparse". PP y Ciudadanos ahondaron más tarde en esta crisis, porque los primeros defendían que la movilidad interprovincial en Andalucía se autorizaría cuando todas las provincias estuviesen en fase 3 -Málaga y Granada llevan una semana de retraso ("No puede haber una Andalucía a dos velocidades")-; y los segundos contestaron que deberían abrir primero las seis provincias más avanzadas, para "que no pagasen justos por pecadores".
