Redacción. El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín ha solicitado "un reparto equilibrado entre las comunidades autónomas del número de MENA" (menores extranjeros no acompañados) y una mejor y mayor colaboración y coordinación con el Estado y con los agentes implicados, todo ello para lograr un "trabajo de inclusión homogeneizado" y que permita "promocionar la autonomía personal" de estos jóvenes una vez que abandonen el Sistema de Protección de Menores.
Marín, que ha clausurado en Sevilla la primera sesión de las XXXIV Jornada de Defensores del Pueblo, ha destacado que "Andalucía tiene claramente asumido su papel de puerta de entrada a nuestro país de la población menor no acompañada". Una conciencia que "supone responder a unas obligaciones evidentes en materia de protección de menores" tanto en necesidades básicas "como procurar la educación y facilitar la inserción social y laboral de estos menores". "Tenemos una amplia experiencia como Administración en la atención de este colectivo", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que estos "procesos educativos y formativos requieren recursos" materiales y profesionales y que el número de MENA que ingresaron el sistema de Protección de Menores durante 2018 fue de 7.788 jóvenes, fueron atendidos un total de 9.153, mientras que 2.290 permanecían en el sistema a final del año. "Contextualizar estas cifras nos da idea del trabajo que hay que realizar en esta comunidad autónoma de modo específico y diferenciado respecto de otras comunidades autónomas", ha añadido.
El vicepresidente ha incidido en que "Andalucía es la comunidad autónoma que más menores extranjeros no acompañados acoge y protege. Los datos de 2017 indicaban entonces que acogíamos un 34,4% del total, un 59,15% más que el año anterior. Una presión que se vio aumentada de nuevo en 2018" y ha destacado "el esfuerzo notable por incorporar al sistema a estos menores". Pero "no basta con atender, es fundamental mantener un seguimiento, análisis y evaluación constante de la evolución en los procesos migratorios de estos menores", ha asegurado.
Marín ha incidido en el trabajo que viene realizando su Consejería para lograr la cooperación de todos los agentes implicados y "una mayor relación y coordinación con el Estado" para, entre otras cuestiones, "acortar la demora de comunicación entre países, solicitar un reparto equilibrado entre las comunidades autónomas del número de MENA, pedir más implicación de la UE o impulsar el desarrollo de políticas de cooperación con los países de origen".
Todo ello con el objetivo de lograr "homogeneidad de resultados al final de la acogida institucional". Por ello, ha abogado por el hecho de que el Sistema de Protección de Menores se adapte "a las necesidades de esta población, especialmente en los momentos de salida del sistema y promoción de la autonomía personal".
Por último, Marín ha agradecido "la iniciativa" de la Institución del Defensor del Pueblo "por promover este debate en torno a las especiales necesidades de los menores inmigrantes no acompañados" y ha puesto en valor su papel como "defensa de los derechos fundamentales y las libertades políticas de los ciudadanos".
