viernes. 29.03.2024

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en el pleno del Parlamento que, debido al carácter subsidiario que tiene la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no contributivo, es necesaria una modificación normativa para adecuarla al Ingreso Mínimo Vital que acaba de poner en marcha el Gobierno estatal. Es decir, actualmente, ambas prestaciones no son compatibles.

"Valoramos positivamente esta prestación pero rechazamos todo su proceso de gestación, sin información y sin negociación con las comunidades autónomas. Todas tenemos que modificar la normativa en materia de rentas mínimas al igual que se hizo en dependencia. Ya avisamos al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que nos ha ignorado", ha señalado.

En este sentido, ha apostado por el consenso para la modificación del decreto de manera que la renta andaluza pueda complementar el ingreso mínimo y, además, potenciar la inclusión sociolaboral de los beneficiarios.

Rocío Ruiz, que ha abogado por que la gestión del Ingreso Mínimo Vital se haga desde Andalucía, ha aclarado que solo las comunidades autónomas con cuantías de renta superiores al mismo pueden complementarlo, como son el caso de Aragón, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia: "El resto no pueden complementarlo sin modificar su normativa".

La consejera ha explicado que, según el Decreto-ley aprobado por el anterior Gobierno andaluz, "sólo se podrá acudir a la Renta Mínima en defecto del Ingreso Mínimo Vital" y ha reprobado el hecho de haber utilizado la Renta Mínima "como mero instrumento de propaganda política" sin planificación ni previsión de los medios necesarios para gestionarla adecuadamente.

Una Renta Mínima de Andalucía que ha alcanzado un récord histórico con los 16,1 millones de euros de la nómina del mes de mayo, cuando se beneficiaron 14.615 familias y que en el año 2019 tuvo una inversión de 122,3 millones de euros frente a los 57 millones de 2018.

Por otra parte, Ruiz ha criticado que "el Gobierno central quiera trasladar toda la responsabilidad del Ingreso Mínimo Vital a los ayuntamientos sin dotarlos de los recursos necesarios para reforzar unos Servicios Sociales Comunitarios que ya se encuentran colapsados". En este sentido, se ha referido a la advertencia de diferentes Colegios Oficiales de Trabajo Social sobre la sobrecarga de tareas a los trabajadores y trabajadoras sociales y que les impedirá intervenir en la atención directa que necesitan las personas más vulnerables. "Es preciso que el Gobierno de la nación eleve la cuantía que destina al Plan Concertado, ya que del 33% que se acordó, tan solo aporta un 3%", ha señalado.

Finalmente, ha destacado la importancia de que se recuperen los mil millones de euros para gasto social que el Gobierno había previsto en un principio en el Fondo Extraordinario para las Comunidades Autónomas.

Solicitan que el Ingreso Mínimo Vital sea compatible con la Renta Mínima en Andalucía