Las patronales sociosanitarias, CECUA, FADE, LARES ANDALUCÍA y FAECTA, exigen a la Junta de Andalucía que tome medidas para salvar el sector de la quiebra a la que se está viendo abocado. Después del tremendo esfuerzo y sufrimiento provocado por la pandemia, y ante las dificultades de un sector infra financiado y en previsión de las demandas reales, los agentes del sector de los cuidados piden que no "les tomen el pelo" y demandan un auténtico modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), por lo que han presentado al Gobierno andaluz diversas “Propuestas para un sistema sostenible, eficiente y con calidad en la atención a las personas mayores dependientes de Andalucía”.
CECUA, FADE, LARES ANDALUCÍA y FAECTA esperan una clara apuesta por esta colaboración público-privada, para dar las respuestas de calidad que la sociedad demanda. Comenzando por la actualización al coste real de la plaza y un plan a tres años (que debe de estar en torno al 14% en 2021, 7% en 2022 y 5% en 2023) y creando una mesa efectiva y específica de trabajo con la patronal para el nuevo sistema andaluz de atención residencial.
Actualmente, en Andalucía viven algo más de 1,2 millones de personas con más de 65 años, de las cuales algo más de 200.000, el 15,6 % de esa población, tiene más de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Se calcula, que la tasa de población mayor de 65 años en Andalucía llegará a suponer el 29 % de la población total en el año 2050.
En comparación con febrero de 2019, la pérdida de personas atendidas en centros residenciales es de 568 personas: menos que hace dos años. En centros de día, la diferencia es aún mayor, ya que suponen 1.462 personas menos atendidas.
En Andalucía, las personas pendientes de recibir prestación con respecto al número total de personas beneficiarias con derecho a prestación a final de marzo de 2021, suponen el 19,31%. Esta situación sitúa a Andalucía en el cuarto lugar en la cola, respecto al resto de comunidades.
La actual situación exige un cambio que permita a los/as usuarios/as disfrutar de un servicio en el que les cuiden bien y decidan quiénes les cuidan, un sistema que reconozca y dignifique la labor de los/as profesionales de los cuidados a personas, y que permita una justa financiación que garantice a las empresas unas condiciones razonables y seguras.
Las entidades privadas que colaboran con la Administración y se integran en la oferta del sistema público ofertando plazas en el concierto social, no pueden seguir cuidando de las personas mayores en un sistema “low-cost” y dando servicios de calidad.
La Administración está abocando a los centros a que, en junio, cuando toca actualizar la oferta de plazas concertadas, disminuyan las que ponen a disposición en el sistema público de atención a la dependencia, ante la falta de compromiso de ocupación que mantiene la Administración y el bajo coste reseñado. Ya no se trata solo de subir la oferta de plazas concertadas, pese a su necesidad, sino de ocupar las que siguen vacías y actualizar el precio.
La atención a las personas mayores en situación de dependencia es un derecho por Ley, universal, que debe responder a la población envejecida y dependiente, de la misma manera y con la misma calidad que a un niño andaluz el sistema educativo lo escolariza a demanda o el sistema sanitario responde a las necesidades de salud de los/as andaluces/as.
