Andalucía, que ha recibido más de 100.000 millones de euros en fondos europeos desde la adhesión de España a la Unión Europea, podría perder parte de su capacidad de gestión sobre estos recursos. La Comisión Europea estudia una profunda reforma del presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 que pondría en riesgo las políticas de cohesión territorial, clave para el desarrollo de regiones como la andaluza.
Desde la construcción de autovías y líneas AVE hasta la financiación de hospitales, escuelas y programas de empleo, Andalucía ha sido una de las grandes beneficiarias de las ayudas europeas. A día de hoy, el Presupuesto de la Junta incluye más de 3.200 millones de euros procedentes de estos fondos. Pero este modelo podría estar viviendo sus últimos años.
La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha planteado un nuevo marco financiero que eliminaría la gestión regional de estos fondos, centralizándolos en los gobiernos nacionales mediante un “fondo nacional único”. Este cambio afectaría tanto a los grandes fondos estructurales como el Feder y el Fondo Social Europeo, como a la Política Agraria Común (PAC). Las autoridades autonómicas, como Andalucía, dejarían de ser entidades gestoras, perdiendo autonomía, capacidad de decisión y transparencia en el uso de los recursos.
El Parlamento Europeo ya ha reaccionado con preocupación. La semana pasada, aprobó una resolución en contra de esta recentralización y advirtió del riesgo de que se reduzcan o incluso desaparezcan las actuales políticas de cohesión. Eurodiputados de distintas formaciones, como el socialista Marcos Ros o la popular Elena Nevado, han alertado de las consecuencias de una medida que podría alimentar la desafección ciudadana hacia las instituciones europeas.
Además, a este riesgo se suma otro desafío: el aumento del gasto en defensa y seguridad debido a la guerra en Ucrania y el pago de la deuda contraída para financiar las ayudas del Covid. Estas nuevas prioridades podrían reducir aún más los recursos destinados a cohesión y agricultura. Se calcula que el reembolso de esta deuda superará los 20.000 millones de euros anuales, una cifra que pone en entredicho la sostenibilidad del actual reparto presupuestario.
El Parlamento Europeo ha dejado clara su postura: rechaza la creación de fondos nacionales únicos y defiende el principio de subsidiariedad, que permite a las regiones gestionar directamente las ayudas europeas. Los eurodiputados insisten en mantener el papel protagonista de las comunidades autónomas para garantizar que las políticas respondan a las necesidades reales del territorio y de la ciudadanía.
Desde la Eurocámara también se ha advertido del riesgo que implicaría para programas emblemáticos como Erasmus, símbolo del europeísmo entre los jóvenes, que podrían verse recortados si la prioridad pasa a ser exclusivamente militar o financiera.
España ya ha defendido ante Bruselas que el presupuesto europeo se eleve del 1% al 2% del PIB comunitario, pero la oposición de países como Alemania, Países Bajos o Francia complica este escenario. El debate continuará en julio, cuando la Comisión presente su propuesta formal al Consejo Europeo. De ahí saldrá el futuro modelo que determinará si Andalucía y otras regiones seguirán teniendo voz propia en el reparto de los fondos o dependerán exclusivamente del Gobierno central.
