La controversia en torno al libro El odio, de Luisgé Martín, sigue generando repercusiones. Después de que la editorial Anagrama decidiera suspender indefinidamente su distribución, la Fiscalía anunció su intención de solicitar a una productora de televisión el contenido íntegro de una emisión de Canal Sur. El objetivo era determinar si la difusión de imágenes de los menores asesinados por José Bretón en 2011 vulneraba su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
Sin embargo, en un giro inesperado, la Fiscalía ha aclarado que nunca llegó a emitir dicho requerimiento. Fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado han reconocido que la Fiscalía de Menores logró acceder al documental a través de una plataforma y, tras su visionado, determinó que no era necesario tomar ninguna medida al respecto. Asimismo, el organismo ha pedido disculpas a la dirección de la RTVA y a los medios de comunicación por haber transmitido información errónea.
Inicialmente, se informó que la Fiscalía pretendía seguir un procedimiento similar al del libro El odio, aunque con la diferencia de que el programa en cuestión ya había sido emitido en la televisión pública andaluza. No obstante, Canal Sur afirmó no haber recibido ningún requerimiento oficial ni tener constancia de medidas en su contra.
La fiscal jefe de menores en España, Teresa Gisbert, abordó este asunto en una entrevista con la Cadena SER, mencionando la apertura de “diligencias preprocesales” debido a la emisión de imágenes de los niños en un programa televisivo que anunciaba el libro. Aunque no se ha especificado qué contenido exacto estaba bajo revisión, esta actuación coincidió con la reciente emisión en la RTVA de la miniserie Bretón, la mirada del diablo, transmitida entre el 17 y el 19 de marzo.
Cabe recordar que la Fiscalía de Menores de Barcelona también intervino la semana pasada, solicitando la suspensión de la publicación del libro y advirtiendo a Anagrama sobre posibles acciones legales. La petición se basaba en la posible vulneración de los derechos de los menores, una denuncia previamente presentada por Ruth Ortiz, madre de los niños. Aunque un juez rechazó inicialmente la paralización de la obra por considerar que atentaba contra la libertad de expresión, la Fiscalía insistió en su postura y recurrió la decisión.
