FACUA Andalucía critica que el anteproyecto de Ley de Vivienda andaluza ignore la problemática que el alquiler de vivienda turística está suponiendo para la comunidad y no plantee ningún tipo de limitación o tope al arrendamiento que ayude a solucionar la grave crisis de vivienda que se vive en la actualidad.
La federación, que ha presentado sus alegaciones al texto normativo, señala que, en un momento en el que la imposibilidad de buena parte de la población de acceder a la vivienda ha devenido en un problema de máxima urgencia, resulta incomprensible que la norma no recoja ninguna previsión relacionada con imponer limitaciones a la subida de precios de alquiler, que puedan servir para combatir la especulación, y a la creación de indicadores o precios de referencia.
En este sentido, FACUA Andalucía incide en que la nueva norma podría haber abordado este problema de forma similar a cómo lo han hecho otras normativas autonómicas —como la ley aprobada por Catalunya— imponiendo límites máximos a los alquiler para los nuevos contratos en las zonas declaradas como tensionadas, creando dicho índice de precios de referencia como base para la aplicación de la medida.
De igual forma, tampoco plantea ninguna medida en relación a la proliferación de viviendas turísticas en los diferentes municipios andaluces, pese a ser una de las causas principales que influyen en la expulsión de las familias de los núcleos urbanos, reduce significativamente el alquiler de vivienda habitual y aumenta hasta límites insostenibles los precios de los arrendamientos.
Criminalización de los inquilinos
Por otra parte, FACUA Andalucía rechaza la inclusión en el texto del anteproyecto de ley del término “inquiocupación“, una palabra sin ninguna base jurídica detrás, generando por tanto inseguridad jurídica, y cuyo uso actual por parte de cierto sector de la sociedad tiene como objetivo la criminalización de los inquilinos que por diferentes motivos —en muchos casos, por problemas económicos— dejan de poder hacer frente a la renta.
Así, se pretende equiparar el fenómeno de la ocupación con el de las personas que dejan de pagar el alquiler —sea por el motivo que sea— como forma de debilitar aún más la protección de los inquilinos frente a los rentistas, primando la especulación inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda.
La federación critica que la nueva normativa excluya de los procesos para ser beneficiario de una vivienda pública o social a aquellas que hayan sido “condenadas por allanamiento de morada o usurpación de vivienda” o quienes tengan una “resolución administrativa de desahucio por ocupación sin título” en los últimos cinco años.
FACUA Andalucía señala que esta redacción pretende equiparar toda las situaciones que pueden derivar en la ocupación de una vivienda, igualando aquellas que pueden tener una finalidad lucrativa con las que se producen por casos de necesidad de personas y familias vulnerables, a las que la administración no les ha dado una solución habitacional y que se ven abocados a ello al no disponer de una alternativa. Da la sensación, asimismo, de que con este texto se pretende la expulsión del programa de acceso a una vivienda social sin importar las circunstancias, incluso a aquellas personas merecedoras de protección social.
Transparencia en las inspecciones
La federación también señala la importancia que la transparencia debe tener en la realización de los planes de inspección en materia de vivienda. Así, aunque el texto normativo indica que el Plan tendrá carácter reservado, FACUA Andalucía incide en que debe añadirse al anteproyecto de ley que los resultados de dicho plan deberán hacerse públicos a través del portal de transparencia.
De esta forma, los andaluces tendrán disponible toda la información necesaria para conocer las sanciones que se han impuesto, quiénes han sido los sancionados y los motivos, para que puedan tomar decisiones informadas.
