CSIF reprocha a la Junta de Andalucía que haya establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) funcionan con menos de la mitad de su plantilla.
Así lo denuncia el Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Córdoba, que lamenta la “notoria carencia de personal” de dichas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas de sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)”. De hecho, la central sindical ha analizado esta situación con las diputadas del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía Mónica Moreno Sánchez y Ángela Rodríguez Aguilar durante una reunión mantenida esta semana.
En concreto, el nivel de cobertura de la plantilla de las oficinas del SAE en Córdoba es del 34,54%, lo que supone que, de los 330 puestos recogidos por la RPT, únicamente están cubiertos 114 en la actualidad. “Es decir, que las oficinas del SAE Córdoba cuentan para funcionar con poco más de un tercio del personal que tienen asignado, porque no se cubren esas plazas”, según subraya el sector provincial de AGJA.
“No se entiende que, existiendo un cuerpo específico –el A1 2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo— que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Administración recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”, argumentado el sindicato. Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía cordobesa post pandemia de la Covid-19”.
El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se pregunta el sindicato, que cuestiona que estos procesos se desarrollen con todas las garantías desde empresas privadas. Para CSIF, urge que Función Pública autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”, concluye.
