El mercado inmobiliario en Andalucía vive una transformación que, aunque impulsa el turismo y la inversión extranjera, está generando un profundo malestar entre la población local. El imparable crecimiento de viviendas con fines turísticos y la compra de inmuebles por no residentes están tensionando los precios, dificultando el acceso a un hogar, especialmente para los jóvenes. Así lo revela el último informe del Banco de España correspondiente a 2024, que señala un encarecimiento del 39% en el precio real de la vivienda en la comunidad andaluza desde 2014.
Ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada se han convertido en epicentros del conflicto entre turismo y habitabilidad. Según el estudio, hasta un 40% de la oferta residencial en zonas como la capital malagueña ha desaparecido en favor de pisos turísticos o de uso no residencial. Esta transformación urbana, alimentada por plataformas como Airbnb, ha disparado los precios del alquiler y la compraventa, dificultando aún más la vida a los ciudadanos con ingresos medios.
La situación se agrava al observar que cerca del 10% de las viviendas adquiridas en Andalucía durante 2024 fueron compradas por personas extranjeras no residentes, concentradas principalmente en áreas costeras. En la provincia de Málaga, el porcentaje de inmuebles en manos de este perfil alcanza ya el 8,5%, lo que pone en evidencia que estas operaciones no están destinadas a residencia habitual, sino al uso vacacional o especulativo.
El Banco de España advierte de que esta reducción de oferta de vivienda habitual en favor del uso turístico o temporal limita seriamente la posibilidad de expandir el alquiler residencial. Además, señala la escasa inversión pública y privada en la construcción de nuevas viviendas como otro factor clave que impide equilibrar el mercado.
La brecha de acceso a la vivienda no solo afecta al conjunto de la población, sino que golpea con mayor dureza a los jóvenes andaluces. Las condiciones laborales precarias, los bajos salarios y el alto desempleo entre los menores de 30 años dificultan enormemente su acceso a hipotecas y alquileres. Como consecuencia, se retrasa la emancipación y aumenta la dependencia económica de las familias, incrementando así las desigualdades sociales.
La preocupación ha llegado también al plano legal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado recientemente el requerimiento del Ministerio de Consumo para que Airbnb retire miles de anuncios de pisos turísticos que no cumplen la normativa, muchos de ellos situados en Andalucía. Esta medida busca frenar los abusos en el sector y recuperar parte del parque de vivienda habitual.
Por su parte, el Gobierno central ha anunciado nuevas medidas fiscales para desincentivar el uso turístico de viviendas residenciales, una decisión alineada con las recomendaciones del propio Banco de España, que ya advirtió el año pasado sobre los efectos inflacionarios del modelo de alquiler turístico.
Mientras tanto, la vivienda sigue escalando posiciones como uno de los principales problemas percibidos por los ciudadanos andaluces, solo por detrás del paro y la sanidad, según recoge el barómetro trimestral del Centro de Estudios Andaluces. El modelo actual beneficia al turismo, pero relega a los residentes, agudizando la brecha social y forzando a muchos a abandonar los centros urbanos y las zonas costeras.
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