La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía está desarrollando una campaña de inspección de academias y centros privados de formación de carácter no oficial, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de protección y defensa en el ámbito del consumo. La campaña se ha planificado teniendo en cuenta que en el contexto actual existe una demanda cada vez mayor de los servicios de estas empresas, especialmente los relacionados con los idiomas y los orientados a la preparación para las pruebas de acceso a las ofertas de empleo público promovidas por las distintas administraciones.
Los controles están siendo realizados por parte del personal inspector de los distintos servicios provinciales de consumo de la Junta de Andalucía. En total, está previsto inspeccionar 45 academias presenciales y 12 online, vigilando el cumplimiento de la normativa y, de manera especial, del nuevo Decreto 625/2019, que entró en vigor el pasado mes de abril, y por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales.
Las inspecciones se centran fundamentalmente en lo relacionado con la publicidad e información previa al contrato, las condiciones generales de contratación y el contenido de las páginas web tanto informativas como para contratación que dispongan estos centros. También se controlan algunos aspectos relacionados con la normativa de créditos al consumo en caso de financiación de los cursos.
En particular, se comprueba que se facilita la información correspondiente acerca del centro y de las diferentes sedes que pueda tener, así como de la persona titular del centro y la responsable en cada sede. Asimismo, se vigila el cumplimiento de las obligaciones respecto a la información que debe mostrarse en los tablones de información al público de los centros, así como en los documentos de información específica de las diferentes enseñanzas ofertadas y en el contrato que se debe formalizar antes de iniciar la prestación del servicio.
Por otra parte, se verifica que la oferta, promoción y publicidad que realizan los centros sea veraz, completa y objetiva sobre las características esenciales del mismo, con expresa indicación del carácter no oficial de las enseñanzas que se imparten y sin que de ninguna forma se pueda inducir a error acerca de este aspecto. De igual forma, se presta especial atención al control del uso indebido de marcas institucionales de la Junta de Andalucía por parte de estos centros.
Además, los controles tienen como objetivo garantizar que los contratos de enseñanza y de la financiación del coste de los cursos cumplen las disposiciones que protegen los derechos de las personas consumidoras. Igualmente, se constata que se cumplen los requisitos establecidos respecto a la expedición de diplomas y certificados que acrediten la formación, así como que se disponga de los registros del alumnado y de los diplomas o certificados que acrediten la asistencia.
En la campaña se presta especial atención a los centros que utilicen formas de contratación a distancia, fundamentalmente vía Internet. Además, se controla de manera específica la publicidad e información precontractual en relación con los cursos de idiomas, cuando hacen referencia en su publicidad a la acreditación de niveles de competencia u obtención de títulos oficiales, así como aquellos en los que se hace referencia en su publicidad a la acreditación de los certificados de profesionalidad.
La campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020, que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras, y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.
Datos de la campaña anterior
En la última campaña realizada sobre el sector en el año 2019, se realizaron 95 actuaciones de control en un total de 72 centros. El número de actas positivas fue de 18, lo que supuso un 19% de las mismas. Respecto a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de incumplimientos se observa en no exhibir en los lugares de atención al público una leyenda o cartel que especifique que el centro no está autorizado por ninguna administración pública; la carencia de validez académica o profesional de las enseñanzas impartidas; la existencia de folletos o documentos informativos de cada curso y lugar donde pueden ser conocidos o puestos a disposición de las personas usuarias; y la información obligatoria sobre el nombre de la persona física o jurídica responsable, así como la denominación, dirección y localización del centro.
También se han detectado irregularidades en la información previa al contrato en casos en los que se anuncia la homologación del curso con alguna institución oficial pero no se dispone del certificado de homologación correspondiente, o cursos en los que se anuncia la obtención del certificado de profesionalidad cuando el centro carece de autorización para su emisión.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico [email protected]; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
