CERMI Andalucía apoya la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que tramita el Parlamento andaluz que considera necesaria para reforzar la protección y apoyo a las personas más vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, aunque ha pedido una apuesta más firme y contundente con este colectivo por su alto grado de exclusión y desigualdad que le lleva a contar con menores oportunidades y con un mayor grado de empobrecimiento respecto a la población general.
Así lo expuso en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz la presidenta del CERMI andaluz, Marta Castillo, que subrayó que el enfoque de la discapacidad debe ser transversal y un principio rector de la nueva norma, además de plantear un mayor y más claro reflejo en la ley de la exigencia de la accesibilidad universal, junto a otras demandas prioritarias para las personas con discapacidad.
Marta Castillo compartió los principios de la perspectiva de género, la equidad, el interés superior del menor o la prioridad presupuestaria que recoge la ley, además de considerar muy positivo que en varios puntos del articulado se haga mención expresa a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
CERMI Andalucía reclama una mayor protección de los menores frente a la violencia y que se tenga en cuenta la discapacidad como factor de riesgo y exclusión. Por ello, debe garantizarse la formación permanente al personal sanitario, de la administración y de las entidades sociales para identificar y detectar señales y síntomas de cualquier forma de maltrato, abuso, negligencia y abandono con respecto a estas personas.
La discapacidad y el género son factores clave en la problemática de la violencia que en los menores provoca una mayor victimización y violencia, especialmente hacia las niñas y adolescentes. La incorporación de la perspectiva de género y discapacidad debe hacerse, por tanto, en todas las medidas relacionadas con la violencia hacia estas personas. Marta Castillo puso de relieve también que la educación pública está aún muy lejos de ser un modelo inclusivo y no sexista, ya que los menores con discapacidad no pueden ejercer el derecho a acudir al centro educativo más cercano al no contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades específicas. Además, la brecha digital también les afecta sobremanera y este déficit ha de corregirse.
En cuanto a las prestaciones económicas para menores en régimen de acogimiento, ha de tenerse en cuenta que lo costes de vida de una persona con discapacidad es mayor y los gastos añadidos por razón de discapacidad que asumen las familias con alguna hija o hijo en esta circunstancia son un 30% más que los de las familias sin miembros con discapacidad, por lo que CERMI reivindica una cuantía superior para garantizar la igualdad de estas personas.
Por último, en el ámbito de la cultura se reclama un nuevo diseño de espacios y recursos que tengan en cuenta el principio de accesibilidad universal y la perspectiva de género y de discapacidad para hacerlos más inclusivos e igualitarios.
