El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, Noemí Sanchís, han firmado un convenio de colaboración para que la actuación coordinada en emergencias como terremotos y otras contingencias naturales que deriven en daños en inmuebles, tanto de naturaleza pública como privada, así como en edificaciones de interés artístico cultural, sea más eficaz y precisa.
El convenio tiene por objeto profundizar en el establecimiento de una cultura de la prevención en Andalucía, así como en el avance de grupos y estructuras que permitan dar una respuesta plural, rápida y coordinada ante emergencias mayores. En definitiva,actuaciones que permitan minimizar riesgos y salvar vidas.
El acuerdo rubricado en el Palacio de San Telmo tiene entre sus líneas prioritarias de actuación la formación de los colegiados en materia de emergencias y protección civil, y la creación de grupos provinciales de arquitectos expertos en evaluación de daños en edificaciones.
La Consejería de la Presidencia y los Colegios de Arquitectos van a trabajar de forma conjunta para avanzar en una metodología que permita estimar la vulnerabilidad de las construcciones cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio imprescindible o aumentar los daños asociados a eventos catastróficos. "Se trata de detectar lo antes posible cualquier daño, a fin de proteger a las personas y actuar de forma temprana para evitar daños mayores", ha explicado Antonio Sanz.
Protocolo común de evaluación de daños
El convenio también persigue homogeneizar la catalogación de los daños gracias un protocolo de análisis bien definido y con criterios homogéneos, para que el trabajo realizado por los expertos sea más preciso, uniforme y conocido por todos los expertos que se incorporen en caso de desastre o emergencia grave. El consejero de la Presidencia ha señalado que "con este protocolo se busca que el trabajo sea siempre hecho de la misma forma y con las mismas garantías, lo haga el experto que lo haga".
Sanz ha apuntado, asimismo, que se ha firmado "un convenio ambicioso que va a trabajar también en la elaboración e implementación de una señalética común y uniforme en el ámbito autonómico para identificar el estado de peligrosidad de las edificaciones que resulten afectadas en las emergencias". De este modo, tras la evaluaciónque efectúen los arquitectos colegiados, éstos podrán señalar en la entrada principal de la construcción o en un lugar donde sea claramente visible para los viandantes y propietarios, el nivel de peligrosidad en que se encuentra ese inmueble mediante la señal que le corresponda.
Conocimiento del riesgo sísmico y pautas de autoprotección
La concienciación sobre el riesgo sísmico en la comunidad autónoma, además de las medidas efectivas para protegerse, antes, durante y después de una emergencia, son otras de las metas que plantea el convenio que se ha rubricado.
En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112 Andalucía), servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, elaboró, tras la serie sísmica de La Vega de Granada, dos guías didácticas para protegerse en caso de riesgo sísmico, una para adultos, y otra para niños, disponibles para su descarga a través de la web de Presidencia, y mantiene una línea permanente de formación e información en la materia a través de las redes sociales del 112 y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), que ha acogido varias formaciones de alto nivel sobre el riesgo sísmico con ponentes nacionales e internacionales.
Grupos provinciales de arquitectos expertos en evaluación
El convenio también apuesta por propiciar una mejora de la accesibilidad en caso de evacuación de los cascos históricos, las áreas urbanas y las diseminadas, así como por optimizar la capacitación del personal profesional en conocimientos técnicos para el reconocimiento de edificaciones dañadas y la atención e información a los damnificados, de modo que puedan colaborar más eficientemente con Protección Civil, Bomberos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La novedad más destacada en este sentido es la creación de equipos provinciales de arquitectos de intervención rápida para poder actuar en los casos en que sea necesario, bajo la dirección de la Administración autonómica. Para ello, se articulará su integración en los planes y protocolos de protección civil.
Respecto a la formación, con una duración prevista de cuatro años prorrogable otros cuatro más, se prevé establecer un programa de cursos de formación continua para que los expertos que se incorporen a las tareas de emergencia dispongan de los conocimientos adecuados tanto para protegerse, como para contribuir a la coordinación de la emergencia.
La promoción de planes de fomento para la rehabilitación y mantenimiento de las fachadas de las edificaciones antiguas en las ciudades andaluzas con mayor riesgo sísmico, con especial atención a los inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico Andaluz, ubicados en zonas susceptibles de resultar afectadas por seísmos y otros riesgos, para su efectiva protección, es otros de los puntos que recoge el convenio.