La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido en Sevilla el pleno del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, donde ha presentado la revisión del Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género, que se ha reforzado y ampliado para ofrecer una asistencia más integral y completa.
Antes del pleno, que ha comenzado guardando un minuto de silencio por el bebé de dos años asesinado en Linares (Jaén) y que se ha confirmado como un presunto caso de violencia vicaria, la consejera ha condenado estos hechos, que son "un sinsentido y un horror", al tiempo que ha calificado de "muy dura" esta semana, la cual comenzó con el asesinato de una mujer en Estepa (Sevilla) presuntamente por su pareja. Ante esta cruda realidad, la consejera ha apelado de nuevo a la unidad de toda la sociedad para erradicar la violencia de género.
Asimismo, ha incidido en la importancia de un foro como éste donde, de manera coordinada, se profundiza en el análisis de las distintas manifestaciones de la violencia de género. En esta sesión plenaria, se ha abordado este protocolo centrado en las mujeres con discapacidad y se han esbozado las conclusiones de un estudio-diagnóstico sobre la ciberviolencia, la cual está presente cada vez desde edades más tempranas.
La consejera ha explicado que el protocolo de atención específica para mujeres con discapacidad se aprobó en 2021. Tras la activación del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, se puso en marcha el año pasado un grupo de trabajo centrado en las víctimas con discapacidad, que ha sido el encargado de reforzar y mejorar el protocolo. Entre las novedades, destaca que éste se ha abierto a más ámbitos de actuación. Así, mientras el anterior protocolo estaba centrado en el área de actuación judicial con un modelo de intervención, itinerario y seguimiento dentro del juzgado, éste ahora se ha ampliado a sectores como la salud, los servicios sociales o educación.
También se han incorporado más indicadores de sospecha para intentar que la detección sea más eficaz, y se aumenta el ámbito de los profesionales con información al respecto con el fin de que se puedan sumar a la red de alianzas y de alerta que impulsa el Gobierno andaluz para combatir esta lacra. A este respecto, hay que resaltar que el actual protocolo incorpora más preguntas concretas para ayudar a la detección y se agregan indicadores clasificados por el perfil del profesional, teniendo en cuenta a entidades sin formación específica en violencia de género o a personas cuidadoras de personas con discapacidad. El objetivo, ha enfatizado López, es que "todos y todas seamos parte de esa red de alarma y detección de esta masacre que no termina nunca".
Del mismo modo, el protocolo tiene en cuenta hasta diez tipos de discapacidad al incorporar dos tipologías: los trastornos de salud mental y psicosocial y la parálisis cerebral. Se busca, como ha remarcado la titular de Inclusión, una atención lo más integral posible.
Ciberviolencia
Asimismo, en el marco de este pleno, se han puesto sobre la mesa las primeras conclusiones del estudio-diagnóstico sobre ciberviolencia, el cual se puso en marcha a raíz del grupo de trabajo sobre este tipo de violencia que surgió el pasado año en el seno del Observatorio.
Este estudio lo ha coordinado la Universidad de Málaga en colaboración con las universidades de Sevilla y Almería. Ha contado con más de 1.800 cuestionarios a adolescentes y juventud andaluza entre 13 y 25 años y 20 entrevistas en profundidad a profesionales, profesorado de Secundaria, padres y madres, y Cuerpos y Fuerzas de seguridad. La consejera ha expresado su preocupación por este tipo de violencia y ha incidido en la importancia de la educación en valores para evitar conductas tóxicas y alejadas de una relación saludable. Este estudio supone una herramienta más poder avanzar en la lucha contra la violencia de género.
Observatorio andaluz
En el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género están representadas las distintas consejerías y órganos del Gobierno andaluz, otras administraciones públicas, así como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía, los colegios profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos, entre otros agentes sociales y económicos
Entre sus funciones, se encuentran la recogida, análisis y difusión de información relativa a la violencia de género, establecer mecanismos de observación y análisis de la evolución de la violencia de género, formular recomendaciones, así como elaborar informes, estudios de investigación específicos y estadísticas con el fin de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre esta problemática.
Entre sus competencias también está asesorar en esta materia a la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y favorecer el intercambio y comunicación sobre violencia de género, entre organismos públicos y la sociedad andaluza en general. A esto se añade la evaluación real y efectiva para mejorar las políticas preventivas y de atención a las víctimas.
