CBN. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que durante el año próximo se va a proceder a la eliminación de más del 40% de los entes instrumentales dependientes de la Junta de Andalucía. "Nos hemos encontrado con un largo listado de graves problemas y nos hemos puesto en marcha para cumplir nuestro objetivo de contar con un sector público instrumental eficaz, eficiente y sostenible", ha afirmado Marín en una comparencia en el Parlamento de Andalucía.
En su intervención, ha informado de que entre las entidades que se van a suprimir se encuentran dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles. Algunas ya se han extinguido como la Fundación Mediara o la Agencia de Andaluza de Evaluación Educativa, que han revertido 2,2 millones a la Junta.
"Nos hemos encontrado con un caos a la hora de tratar de poner orden a estos entes instrumentales. El anterior Gobierno aplicaba la fórmula de dejar pasar el tiempo y que las decisiones fueran tomadas por los jueces", ha dicho Marín, quien ha recordado que estas entidades tienen una plantilla de unas 30.000 personas y un gasto de personal que ronda los 1.200 millones de euros (según datos de junio de 2019).
El vicepresidente de la Junta ha explicado la situación que ha encontrado el nuevo Ejecutivo andaluz: 31 sistemas de gestión diferentes, 38 sistemas económicos-financieros diferentes, plantillas con problemas de dimensionamiento, retribuciones dispares a igual categoría entre distintas entidades e incluso en la misma entidad.
Además, se han encontrado hasta 37 expedientes de conflictos laborales planteados en el SERCLA en 2018, hasta 4.000 personas en situación de temporalidad, algunas superando los plazos que permite la ley, régimen de incompatibilidades diferentes para el personal que presta su servicio en estas entidades con respecto al que lo hace al amparo de otras fórmulas de agencias, pagos de seguros de vida o salud reconocidos en convenio, con el agravio comparativo al personal funcionario que no tiene esa cobertura.
En cuanto a las actuaciones judicializadas, la mayoría son resueltas en contra de la Junta de Andalucía y fuerzan a crear una estructura de puestos de trabajo impuesta por los jueces y no por la propia Administración andaluza. Estos procesos judiciales han supuesto un gasto de 80,13 millones euros en indemnizaciones a personal que finalmente ha sido readmitido.
Ante esta situación, Marín ha expuesto que el primer paso ha sido "realizar un diagnóstico de la situación de las entidades en el plano normativo, económico/financiero, funcional, competencial y organizativo" para obtener las mejores alternativas a cada circunstancia.
La Consejería planteó la elaboración de un primer diagnóstico a la Intervención General de la Junta de Andalucía para verificar la adecuada distribución competencial entre las consejerías y las agencias y la vigencia de los fines que justificaron la creación de estas entidades. De esta iniciativa se han encontrado entes que no tenían actividad o cuyas funciones las lleva la propia consejería.
En segundo lugar se ha creado un grupo de trabajo que evalúe las entidades instrumentales. Ya ha mantenido reuniones con cada una de las consejerías para hacer un seguimiento de los entes en proceso de disolución, identificar aquellos que no tuvieran actividad o cuya presencia en la Administración no estuviera justificada y el análisis del resto de entidades para valorar si debían mantenerse como estaban o era necesario la adopción de alguna medida de integración, modificación o cambio de naturaleza jurídica. "El objetivo es muy ambicioso pero estamos dispuestos a trabajar duro para recuperar la eficacia y la eficiencia en la Administración y la confianza de los andaluces", ha indicado.
El consejero de Regeneración también ha expuesto que se ultima un estudio exhaustivo sobre las plantillas de personal para obtener un inventario de puestos de trabajo global, para ello se ha elaborado una clasificación de perfiles y áreas de actividad. Asimismo se ha llevado a cabo un análisis funcional de las plantillas para identificar necesidades de las personas usuarias, carteras de servicios y cuál es la estructura de recursos humanos para atenderlas.
Por último, se cuenta también con el Plan de Auditorías recogido en los Presupuestos para 2019 y dotado con tres millones de euros.
