La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado un plan de choque para relanzar e incentivar la actividad en los centros de día de personas mayores y con discapacidad y los centros ocupacionales, que cuentan con más de 14.000 usuarios en toda Andalucía. El primer paso ha sido la reducción del copago que aportan los usuarios hasta el 25%, frente al 40% que se aplicaba desde 2002, así como la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día.
Ruiz, acompañada por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, y el delegado territorial de Igualdad, Antonio López, ha visitado los talleres ocupacionales y la residencia para personas mayores que gestiona la Fundación Promi en Cabra (Córdoba). Allí ha subrayado que estas instalaciones “son recursos vitales para prevenir situaciones más graves en la dependencia, y responden a nuestro modelo de atención de proximidad y cercanía”.
“Un modelo con el que estamos comprometidos y que ha sido reconocido y valorado de forma muy satisfactoria por el Observatorio de la Dependencia, ya que somos la segunda comunidad autónoma mejor valorada en la gestión del sistema de la dependencia, con un 7,1. Se trata de la mejor nota de los últimos cinco años y la segunda valoración más alta de España, solo detrás de Castilla y León”, ha abundado. Y ha puesto el acento en que los centros andaluces son “instalaciones seguras frente al covid-19 al tener garantizada la vacunación tanto las personas usuarias como los profesionales”, al tiempo que se han actualizado sus medidas sanitarias y preventivas de salud pública para minimizar la transmisión de la infección.
Respecto a las medidas para impulsar la actividad en los centros y recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia, Ruiz ha destacado la importante reducción aplicada por el Gobierno andaluz en el copago, la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día de personas mayores “y que no se había modificado desde 2002”. Dicha aportación ha pasado del 40% o 30% (según si se utiliza o no el transporte) a ser del 25% para plazas con y sin transporte, lo que supone un ahorro medio de 980 euros al año para las personas usuarias de este servicio.
En el caso de imposibilidad de incorporación presencial de la persona beneficiaria (en situaciones acreditadas por la autoridad sanitaria competente), se procederá a la reserva de plaza. En este caso, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario, o de carácter telemático adaptadas a cada situación concreta, con el objetivo de verificar que la personas queda debidamente atendida en todas sus necesidades.
Asimismo, y en el marco del Programa Individual de Atención, se priorizan aquellas propuestas orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de su resolución en el ámbito de la dependencia.
Por otra parte, la Consejería ha ampliado hasta el 31 de mayo las medidas económicas para estos centros, lo que que garantiza la financiación de las plazas concertadas y ocupadas por personas beneficiarias en situación de dependencia. Una medida, ha dicho, que permite de paso sostener el sector y garantizar el empleo.
En este sentido, Ruiz ha señalado que cuando los titulares de esas plazas no acudan de manera presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, abonará por esas plazas ocupadas la diferencia resultante entre el coste de cada plaza establecido y las cantidades que deberían abonar los titulares. Asimismo, mientras la persona reciba el servicio de manera no presencial, se le aplicará una reducción del 60% en la aportación correspondiente al servicio.
