jueves. 18.04.2024

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, gestionó mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) un total de 341 expedientes de alertas en 2023de los que 128 han tenido repercusión directa en Andalucía al tener origen o distribución en establecimientos ubicados en la comunidad.

Respecto a la procedencia del producto implicado, 23 de los expedientes gestionados han venido motivados por productos con origen en la comunidad, 14 de ellos de origen animal y 9 de origen vegetalLos 105 expedientes de alerta restantes correspondieron a productos de fuera de Andalucía, pero sí con distribución en la comunidad, de los que 31 correspondieron a productos de origen animal, 62 a productos de origen vegetal y 12 a otros tipos.

Por otro lado, y en relación con el riesgo determinado, de los 341 expedientes de alerta, 93 de ellos correspondieron a riesgos biológicos164 a riesgos químicos27 a riesgos físicos y 57 a otros riesgos.

Los riesgos identificados en los expedientes de alerta que han requerido actuaciones fueron 35 de riesgos biológicos, 57 de riesgos químicos, 11 de riesgos físicos y 25 de otros riesgos.

Respecto a las actuaciones realizadas por provincia, Málaga ha sido la que más alertas gestionó, con 79 expedientes con origen o destino en establecimientos de su entorno. Le siguen Sevilla, con 69 expedientes de alerta, Granada con 51, Cádiz con 46, Córdoba con 44, Almería con 42, Jaén con 36 y finalmente Huelva con 25.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica es el punto designado a nivel autonómico en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para gestionar, tratar e intercambiar datos, información y documentos sobre los controles oficiales que se realizan en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía en el marco de las alertas alimentarias.

Las alertas alimentarias notifican la existencia de un riesgo en un alimento o material en contacto con éstos detectado en algún punto de la cadena alimentaria, y se define como la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud, y de la gravedad de ese efecto, por lo que requiere o podría requerir una acción rápida por parte de las autoridades competentes para su retirada de la cadena alimentaria. En aquellos casos en los que se evidencia un riesgo grave en alimentos que ya están en manos de los consumidores, la información se traslada a la población, de acuerdo con un protocolo de consenso nacional.

Para una transmisión rápida y eficiente de la información se utilizan herramientas que facilitan este intercambio de datos con el componente pertinente por vía electrónica, disponiendo de personal, tanto a nivel central como en cada provincia, que conforma una red de alertas de salud pública andaluza que actúa en caso necesario los 365 días del año.

La información referida a las alertas del pasado año en Andalucía se puede consultar a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía - Memoria Estadística y Cartográfica.

Andalucía gestionó 341 expedientes de alertas alimentarias en 2023