El Gobierno andaluz ha expresado este martes su preocupación por que se hayan conocido resoluciones judiciales diferentes sobre los cierres perimetrales que había planteado para los municipios con alta incidencia de coronavirus, esto es, más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y ha denunciado que esto se deba a la decisión del Ejecutivo nacional de "judicializar" la lucha contra la pandemia tras decaer el estado de alarma.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha indicado que lo normal sería que los juzgados tomen decisiones "coherentes", pero en este caso nos hemos encontrado con posiciones diferentes sobre cierres perimetrales de municipios, por parte de un sala de Granada y de una sala de Sevilla del TSJA.
Bendodo se ha referido al hecho de que este martes se haya conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el confinamiento ordenado por la Junta de Andalucía en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) al apreciar la "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de esta medida frente a la Covid-19, aunque no ha recibido respaldo judicial al cierre perimetral en el municipio granadino de Montefrío, según los distintos autos emitidos al efecto, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Bendodo ha recordado que las comunidades, tras decaer el estado de alarma, no pueden limitar derechos fundamentales y tienen que acudir a la justicia para que ésta se pronuncie ante medidas como el cierre perimetral de un municipio.
A su juicio, la comunidades se encuentran en esta situación porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "subcontratar la gestión de la pandemia", dejando en manos de la justicia lo que él no quiere hacer.
"En vez de facilitar el camino a las comunidades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por judicializar la vuelta a la normalidad y que las comunidades se entiendan con el Tribunal Supremo", según ha denunciado. Ha insistido en denunciar el "disparate" que supone "judicializar" la desescalada.
Para Bendodo, con este escenario, se "trata de pelear contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, y es muy difícil".
