A finales de la semana pasada, las noticias llegaban por correo electrónico desde la Dirección General de Infancia de la Junta de Andalucía a diez entidades privadas con recursos públicos subvencionados de atención a menores extranjeros no acompañados: "es necesario realizar una reorganización de plazas públicas y privadas". La consecuencia directa es que la administración andaluza aparca el desarrollo de programas y recursos para jóvenes migrantes llegados en patera en los últimos meses a la costa andaluza al no renovar 142 de las 792 plazas actualmente en funcionamiento bajo este modelo de subvención.
La "reorganización" obedece a una nueva distribución de recursos "para atender a la población afectada directamente por la paralización de la actividad económica y la consecuente falta de ingresos para la atención a las necesidades más básicas, abocando esto a la población a una grave y profunda crisis social, especialmente aquellos sectores de la población más vulnerables", según explicaba la Junta en ese correo electrónico dirigido a las entidades. Es decir, además de que el modelo que planteaba la Junta a primeros de año para jóvenes extutelados ya penalizaba de alguna forma a los menores migrantes llegados en patera, ahora las plazas para su atención por parte de estas entidades se ven reducidas, según eldiario.es
La reducción iba a ser mayor (el doble, ya que 380 plazas pretendían ser sacrificadas por la Junta) pero una videoconferencia durante la tarde del lunes entre la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y representantes de las entidades afectadas ha hecho que las plazas que se vayan a mantener sean finalmente 650, según explican fuentes oficiales de la Consejería. Esta novedad de última hora provocará que la Junta tenga de nuevo que "recomponer el puzzle otra vez", añaden las mismas fuentes.
"A partir del 1 de junio, y dada la situación sobrevenida de crisis social y humanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, se ha hecho necesario una reprogramación presupuestaria", relataba el correo electrónico de la semana pasada, donde se le trasladaba a cada entidad, además de agradecerle el "enorme esfuerzo" realizado pese a las "situaciones sobrevenidas", que "se ha optado por no renovar ninguna de las plazas actualmente en funcionamiento y dar por finalizado el desarrollo del programa sin perjuicio de que, en función de la evolución de los flujos migratorios, en momentos determinados se pudieran retomar mediante otras fórmulas de financiación", según publicó eldiario.es
"Hay una emergencia social"
Desde Andalucía Acoge, su secretario general, José Miguel Morales, opina que esta situación obedece a "la aplicación del acuerdo de los presupuestos en el que ya se hablaba de que en las partidas sociales había que priorizar a la población española". La federación no descarta "acciones legales contra la Consejería en el caso de que algun menor, sea autóctono o migrante, se quedara sin ser atendido", sugiriendo que las nuevas fórmulas de financiación a las que se refiere la Junta puedan ser en un futuro no muy lejano, cuando se consigan los fondos, "subvenciones nominativas o contratos".
"Hay una emergencia social que tenemos que atender pero ningún menor extranjero se va a quedar en la calle", señalan fuentes de la Consejería de Igualdad, que reconocen que "no llega el dinero" y achacan la culpa al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a quien se han dirigido "cinco veces por carta" para que se volvieran a sufragar con subvenciones estas cuestiones (el año pasado destinaron desde el Gobierno de España 26 millones de euros), "sin respuesta" hasta la fecha, recordando que el 37% de los niños extranjeros no acompañados se encontraban tutelados en centros andaluces, según eldiario.es
En cualquier caso, las fuentes aseguran que los menores que ocupan las plazas que ahora no se renuevan "serán atendidos en la red de centros propia de la Junta y no se quedarán sin atención", descartando que se priorice de algún modo a los nacionales ya que "entre las medidas de atención, por ejemplo, está la agilización para la concesión de la Renta Mínima de Inserción o las tarjetas monederos", a las que pueden acceder cualquier residente en Andalucía sea del origen que sea. "Todos los proyectos que tenían estos menores extranjeros van a seguir", añaden las fuentes de la Junta.
"En Andalucía ningún menor extranjero va a ser desatentido", ha insistido públicamente Juan Marín. "Hay una reubicación de plazas y, si este verano llegan tantos como el año pasado, no les dejaremos sin la atención necesaria y se les va a atender a todos", ha dicho Marín. Las fuentes, que no saben detallar cuál es la cantidad exactamente desviada, insisten que este año se ha mantenido esta subvención "con recursos propios ante la falta de financiación del Gobierno central". "Hicimos un estudio con las plazas que teníamos libres en nuestros centros y vimos que era posible hacer esta reubicación de plazas para seguir atendiendo a los niños. Es una cuestión excepcional y tratamos de ser lo más eficientes posibles con el dinero que hay", añaden.
Pendiente de Hacienda
La Junta, en cualquier caso, ha explicado a las entidades que las plazas que habían estado en funcionamiento en abril y las que lo están hasta el 31 de mayo se financiarán con una ampliación de crédito aún de la Orden de 26 de febrero de atención, acogida e inserción social de estos jóvenes, aún pendiente de una modificación presupuestaria de la Consejería de Hacienda.
Según las entidades, que habían consensuado una serie de datos para trasladárselos a la consejera este lunes antes de conocer la cifra defnitiva de 142 plazas menos, hablaban de un "recorte" de 407 plazas (como había planteado la Junta en un principio, un 45% del total de plazas subvencionadas) que, en base a esa cifra, supondría la pérdida de 272,5 puestos de trabajo en el conjunto de los centros de las diferentes entidades. Los empleados trabajarán "quince días mas con una carta de despido bajo el brazo tras dos meses confinados con los menores en los centros, muchos de ellos habiendo sufrido las consecuencias de las dificultades de financiación de las entidades por trabajar sin marco legal y económico", según argumentaron las entidades.
Las entidades temían, además, que se produjera un "traslado masivo" de menores entre provincias, "ignorando el arraigo que los mismos hayan podido desarrollar en cuanto a procesos de escolarización, contratos de trabajo, relaciones con iguales, familias colaboradoras, etc". Las entidades señalan que la "reprogramación" provocaría el cierre de hasta cinco centros y consideran que el impacto principal lo han recibido lo centros pequeños, a los se les aboca "directamente al cierre". "Al parecer, los centros de menos de 10 plazas, los han cerrado todos y los centros con más de 10 plazas los han reducido un 50%", apunta el portavoz de una de las entidades afectadas.
"¿Adónde van a ir el 1 de junio todas estas criaturas para las que la Junta de Andalucía recorta su atención? ¿Se las separará de sus compañeros y compañeras de hogar? ¿Tendrán que cortar repentinamente los lazos con sus referentes adultos, los educadores y educadoras sociales de estos centros que, con esfuerzo y compromiso intentan sacar el trabajo adelante?, se preguntan desde una petición en la plataforma change.org que ya circula por las redes.
¿Qué pasa con los que cumplan 18?
El "recorte", según las fuentes de las entidades consultadas, afecta principalmente a entidades que gestionan plazas de menores de centros de protección, españoles o de origen extranjero, pero en la práctica afectará a los migrantes que cumplan 18 años a los que se manda "a la calle" y que, a día de hoy, no estaban siendo expulsados de los centros siguiendo las directrices del Gobierno de España dada la situación de pandemia. "Esto implica que los autóctonos que se hagan mayores de edad volverán con las familias que a priori no eran buenas para cuidar de ellos y los extrajeros se quedan en la calle porque no hay en paralelo un crecimiento de las plazas de acogida para mayores de 18", apuntan las fuentes.
De las 407 plazas a las que aludían en principio las entidades, 195 están ocupadas por menores de edad que, como advierte la propia Junta, deberán ser reubicados por la red de centros de protección de la Junta de Andalucía, tanto públicos como concertados. Pero advierten de que 146 se encuentran ocupadas por chicos y chicas mayores de edad. "Salvo planificación que desconozcamos, el día 1 de junio estos chicos y chicas saldrán de los centros a la calle, previsiblemente en la misma situación de estado de alarma por crisis sanitaria provocada por una pandemia mundial, sin un destino fijo y sin medios de sustento y protección (...) Los problemas de orden público y social que esta situación va a provocar con total seguridad son muy evidentes. La salida en masa de estos jóvenes, sin una planificación, sin una alternativa a corto plazo y a diez días vista, hace prever problemas serios en este sentido", auguran las entidades.
Precisamente el pasado febrero, cuando se ultimaba aquella Orden, la directora de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio, reconocía a este periódico que había "insuficientes" recursos de alta intensidad (pisos de acogida) dentro de su programa P+18 (Programa de Mayoría de Edad), destinado tanto al colectivo nacional como inmigrante pero que acaparaban en mayor lógica los menores extranjeros no acompañados que alcanzaban la costa andaluza y que, salvo en los últimos tiempos, habían crecido exponencialmente desde 2017.
Según los datos facilitados en febrero a este medio, cada año aproximadamente un millar de menores migrantes (931 en 2018, 1.088 en 2019) cumplen la mayoría de edad y pasan ya a ser jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía. El total de plazas de alta intensidad para mayores de 18 años en este 2020 es de 484, que se corresponden con 86 pisos gestionados por 41 entidades. Es decir, las previsiones es que hubiera plaza para la mitad de los jóvenes que alcanzaran en 2020 los 18 años y, recordemos, con poco tiempo en su nuevo país. En los años anteriores había 218 plazas (en 2018) y 293 (en 2019). A estas alturas del año pasado, por ejemplo, la Junta renovaba directamente 500 plazas de atención inmediata para menores extranjeros no acompañados, si bien el número de llegadas ha descendido en los últimos tiempos.
La red de la Junta trabaja con tres tipos de programas: de recepción, atención y acogida ininterrumpida las 24 horas del día; de acogida y atención, dirigidos al estudio y diagnóstico de la situación del menor en nuestra comunidad y a la evaluación del proyecto migratorio; y los programas dirigidos a la inserción social y laboral de los menores que, además de atender sus necesidades básicas, lleva a cabo actuaciones de capacitación en competencias laborales y formación profesional.
