El Pleno del Parlamento ha convalidado el Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes para apoyar la solvencia y reducción del endeudamiento en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la derogación parcial de la contratación de emergencia para luchar contra los efectos del COVID-19.
Esta convalidación permitirá a las empresas y autónomos disponer de un plazo más amplio, hasta el próximo 31 de mayo, para justificar el pago de las deudas acogidas a las ayudas a la solvencia empresarial, y no verse así perjudicadas por la dificultad que conlleva la tramitación de la normativa, establecida por el Estado, y que marcaba el 31 de marzo como fecha límite para esa justificación.
En este sentido, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha defendido la convalidación del decreto-ley en nombre de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que la Junta de Andalucía ha abonado 667,66 millones, el 60% del dinero disponible, ligeramente por encima de la media nacional y con un nivel de ejecución superior al de nueve comunidades autónomas.
Ello, a pesar de que la norma estatal exigía “unos requisitos muy complicados de cumplir”, que han sido la razón fundamental para que ninguna comunidad autónoma haya podido aplicar la totalidad de los fondos destinados por el Estado y de cuya complejidad ya advirtió al Ministerio de Asuntos Económicos el Gobierno andaluz sin ser atendido, ha recordado Bravo.
En este contexto, la Junta de Andalucía ha hecho un enorme esfuerzo para cumplir con su parte, diseñando un procedimiento más sencillo que la compleja norma estatal y con la puesta en marcha de una Oficina Técnica con 105 efectivos y medios materiales, que ha supuesto una inversión de 9,8 millones de euros, que no estaban incluidos en los pagos del Ministerio de Hacienda, y que ha permitido que 52.807 autónomos y pymes andaluzas se hayan beneficiado de estas subvenciones.
El Gobierno andaluz, asimismo, ha automatizado al máximo la tramitación de estas subvenciones con la puesta en marcha de un nuevo sistema corporativo de justificación de ayudas y el uso de nuevo software de procesamiento inteligente de documentos, dado el elevado volumen de documentación (más de 1,3 millones de documentos).
Otra modificación respecto a estas ayudas se fundamenta en razones de seguridad jurídica, “para facilitar el procedimiento de justificación de las ayudas, aliviar la carga burocrática al interesado y reducir la posibilidad de reintegros derivados de las condiciones de la concesión”, ha explicado el consejero.
Por otra parte, el decreto también establece mejoras en cuanto a la normativa aprobada para desarrollar medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, con aclaraciones y adecuaciones técnicas que permitan el desarrollo de las seis líneas de incentivos en las respectivas convocatorias que van a ponerse en marcha, con una financiación global de 167,76 millones de euros.
Contratación de emergencia
Del mismo modo, se convalida la derogación parcial del Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus que afecta a la contratación de emergencia motivada por la pandemia.
En lo que se refiere a la contratación de emergencia se vuelve a la regulación previa a la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de que en caso de que sea necesario aplicar la tramitación de emergencia pueda acudirse al régimen general establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Se deroga así el artículo 9 que posibilitó la realización de pagos a cuenta hasta del 100% del gasto, y que en su momento fue necesaria porque en algunas fases de la pandemia “no pagar por adelantado suponía no poder acceder a la compra de material” para luchar y protegerse contra el Covid. Asimismo, decae la disposición que ampliaba el plazo de rendición de cuentas en Consejo de Gobierno de dos meses a seis meses, ha precisado Juan Bravo.
El consejero ha puesto en valor la mejora continua y la aplicación de buenas prácticas en materia de contratación y transparencia desde el inicio de la legislatura con la creación de la Dirección General de Contratación y la plataforma telemática para su tramitación, entre otras.
